Crece la tensión en Gibraltar

Gibraltar ha vuelto al primer plano de las relaciones entre España y el Reino Unido después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy denunciara el vertido de 70 bloques de hormigón en aguas españolas y el Gobierno británico convocara al embajador en Londres por las colas que se han registrado estos días en la verja. España ha dejado claro en este sentido que los controles que realiza en la frontera no son "contra" medidas concretas sino que está "obligado" a hacerlos y que los considera "irrenunciables".

El Gobierno ya filtró este sábado que prepara un plan de mano dura en Gibraltar, con una importante inspección fiscal a los 6.000 gibraltareños con propiedades en España que no pagan sus impuestos. En este sentido, García Margallo ha avanzado algunas medidas más concretas de este gran plan con Gibraltar. Entre ellas destaca que el Ejecutivo estudia seriamente "cobrar 50 euros" para entrar y salir del peñón y destinar este dinero a los pescadores españoles.

Se terminó "el recreo"

Así, para Margallo, en una entrevista a ABC este domingo, decía que "si por controlar como es debido la verja se producen retenciones y congestiones, bueno, quizás habrá que ir pensando, que nos lo estamos pensando, en crear una tasa de 50 euros para entrar y 50 euros más para salir. Esa recaudación nos vendría muy bien para ayudar a los pescadores damnificados por la destrucción de los caladeros, aunque, insisto, unos delitos no tengan nada que ver con otros". Sobre los controles en la verja ha advertido de que "son legales independientemente del problema de la pesca".

La tensión registrada en las últimas semanas entre España y las autoridades del Peñón después de que la administración gibraltareña impulsara el lanzamiento de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras -que ha obstaculizado la labor de los pesqueros españoles- ha coincidido con estas retenciones.

"Con Gibraltar se ha acabado el recreo de la época de Moratinos", ha asegurado en ABC el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo. La queja de Gibraltar por las colas se produce después de que el Gobierno español denunciara el 30 de julio, ante la Fiscalía de Medio Ambiente, el vertido "incontrolado" de 70 bloques de hormigón en aguas españolas próximas a Gibraltar.

Hormigón en el caladero

El lanzamiento de los bloques, defendido por las autoridades gibraltareñas como un intento por crear un "arrecife artificial" que proteja los fondos marinos, incumple las normas medioambientales, imposibilita el desarrollo de la actividad marisquera tradicional en la zona y dificulta la pesca de cerco, según la denuncia española.

Las retenciones de vehículos en la frontera, derivadas de la intensificación de los controles que realiza la Guardia Civil, comenzaron un día después del lanzamiento de los bloques y, según la queja de Gibraltar, con ellas se ha impedido la entrada en la colonia de camiones cargados con piezas de cemento.

España ha dicho que los controles no son "contra" medidas concretas, ha recalcado que está "obligado" a hacerlos y ha hecho hincapié en que "no violan el principio de no discriminación, ni la libre circulación y guardan proporcionalidad". El incidente fue más allá, ya que el Ministerio británico de Exteriores convocó hace dos días al embajador español en el Reino Unido, Federico Trillo, para manifestarle su "preocupación" por los retrasos en la frontera de España con Gibraltar.

En esa reunión, a la que asistió el encargado de negocios de la embajada española en Londres, Ramón Gandarias, al estar ausente Trillo, España reiteró que es su obligación realizar los controles, la misma postura que transmitió por teléfono García-Margallo a su homólogo británico, William Hague.

Fue el 26 de junio de 2002 cuando los entonces ministros de Asuntos Exteriores de España, Josep Piqué, y del Reino Unido, Jack Straw, hablaron de Gibraltar y desde entonces el parón en la búsqueda de soluciones ha sido la tónica predominante.

El control de las aguas que rodean Gibraltar es el punto más conflictivo del contencioso que mantiene España con Reino Unido sobre la Roca, que se manifiesta en tres áreas: la pesca, el medio ambiente y la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.

García-Margallo se ha marcado el reto de desbloquear las conversaciones sobre el dominio del Peñón, después de que el anterior Gobierno socialista optara por dejar a un lado este asunto y apostar por la cooperación a través del Foro de Diálogo tripartito.