El CGPJ decide este miércoles si defiende o no a Alaya de los ataques de la Junta

Las críticas lanzadas por el consejero de Justicia, Emilio de Llera, contra la instructora del sumario de los ERE fraudulentos, la juez Mercedes Alaya, van a ser tratadas este miércoles en el Consejo del Poder Judicial que ha tenido que llevar el asunto ante su comisión permanente. El vocal del CGPJ, Antonio Dorado, ha señalado a Europa Press que pedirá que el consejo formule algún tipo de reprobación o bien pida formalmente al consejero que cese en sus ataques a la magistrada.

La Comisión permanente del CGPJ debatirá una propuesta del vocal Antonio Dorado, que dará lugar a un comunicado del CGPJ y se producirá después de que Llera lanzara en estos días duras críticas contra Alaya a la que llegó a acusar de "falta de imparcialidad" cuando aseguró, en la declaración del ex interventor, que "ya sabemos que Griñán conocía sus informes". Una decisión que, según Llera denotaba"una intencionalidad por imputar" al presidente de la Junta de Andalucía.

"Me parece de una falta de profesionalidad muy seria", dijo el titular de Justicia refiriéndose al a instructora del sumario de los ERE. Además no es la primera vez que el titular de Justicia lanza críticas a la juez Alaya de la que aseguró que es muy trabajadora además de"guapa" en una declaraciones que provocaron una gran polémica. Habrá que ver qué decide el Consejo General del Poder Judicial.

Ya en el recurso de la Junta, al que no habrá sido ajeno naturalmente, el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, acusaba a la juez de diferentes conductas impropias, entre ellas el de haber imputado a 20 altos cargos sin especificar hechos y motivos de la imputación. Pero la propia Fiscalía contestaba en su oposición al recurso de la Junta lo siguiente: "¿Es necesario que los imputados dispongan con anterioridad, mediante auto, de un pormenorizado relato de todos y cada uno de los hechos que se les atribuyen y que tienen relevancia penal, o basta instruirles del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facilitar su personación y señalar los puntos clave de su implicación?".

Por ello se cuestionaba si "no es, en cambio, plenamente exigible para el respeto de su derecho de defensa que tal relato lo más pormenorizado posible le sea hecho en momento de prestar su declaración debidamente asistido de letrado y con todas las garantías legales y derechos, entre los que se encuentra el de no responder a todas o a alguna de las preguntas que a continuación se le formulen por las partes personadas". "¿Dónde es, pues, el momento para alegar indefensión por parte de un imputado?", preguntó.

Tres de cada cuatro andaluces apoya la instrucción

La encuesta de la Universidad de Granada aborda también el caso de los ERE y refleja que el 75% de los andaluces está de acuerdo con que la juez Mercedes Alaya haya imputado a 20 altos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez. Después de dos años y medio de instrucción, la magistrada ha avanzado en la rama política del caso con esta reciente imputación masiva, una decisión que el Ejecutivo autónomo ha recurrido pero que apoyan tres de cada cuatro andaluces.

El verdadero interés de la Junta y el PSOE

Con su recurso contra la imputación de 20 altos cargos, la Junta destapaba con claridad su intención y su actitud respecto a la juez Alaya, a la que ha torpedeado oscura y sistemáticamente negando documentación, dilatando su instrucción y lanzando diferentes críticas vía PSOE, vía Consejero de Justicia e incluso vía Consejo General del Poder Judicial, cuyo presidente se reunió a almorzar con el presidente de la Junta, con el consejero de Justicia y con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras amonestar públicamente a la juez Alaya.

Para la Junta hay que subsanar "la defectuosa construcción del auto" por una "anómala actuación del juez instructor" que, a su juicio, podría provocar una futura nulidad. En su defensa indirecta de los altos cargos imputados, el Gobierno de Griñán les señalaba a sus defensas el camino de una"posible y futura petición de nulidad de la instrucción practicada" porque les"puede interesar no recurrir el auto para reservarse las alegaciones de nulidad para la fase del juicio oral".

La Junta se refería asimismo a la nulidad como consecuencia de la falta de respeto de la juez Alaya por los derechos fundamentales de los imputados, cosa que impediría, según la Junta, que se compensara al erario público andaluz de los daños causados si prosperasen las defensas en ese camino.

La Junta insiste en que la imputación de los últimos altos cargos andaluzas se funda en hechos inconcretos que no tienen como soporte infracción legal alguna y consideran que la juez realiza una interpretación personal de las normas andaluzas, que le llevan a concluir que las referidas al fondo de reptiles son irregulares.

Según la Junta, este nuevo auto pone en entredicho la Ley de Presupuestos y un juzgado de instrucción "carece de facultad sobre este asunto", ya que ello correspondería al Tribunal Constitucional.

Esta nueva vía, la de la nulidad, se complementa con la habitual exigencia de que la juez Alaya impute de una vez a algún aforado de modo que el caso pase al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, como es de prever, al Tribunal Supremo. Es más, el PSOE y la Junta han llegado a insinuar con más claridad de la acostumbrada que desean que el ex consejero José Antonio Viera sea imputado de una vez para así pasar el caso a Tribunal Supremo, por ser Viera diputado aforado.

El PP, a Griñán: "Acabe con la farsa"

La vicesecretaria de Economía y Empleo del Partido Popular andaluz, Carolina España, exigió al gobierno andaluz "que acabe con la farsa y abandone la acusación en el caso ERE", ya que "por higiene democrática, quien es acusación no puede pagar la defensa de los acusados".

España afirmó que "el gobierno andaluz debe retratarse con claridad y decidir si quieren ser defensa o acusación; si quieren ser la defensa de los corruptos del PSOE o estar del lado de los andaluces". Además, señaló que "con esta estrategia, Griñán trata de asegurar su propia defensa ante su posible imputación, por lo que estamos ante el interés personal del Presidente de la Junta de Andalucía".

Carolina España afirmó que el gobierno de Griñán intenta justificar su incoherencia con excusas y aseguró que "se trata de una cuestión de voluntad, de transparencia, y de querer verdaderamente depurar responsabilidades".

En este sentido consideró "rocambolesco" que los mismos servicios jurídicos que son acusación en el caso ERE sean los que tengan que justificar si procede que la Junta pague la defensa de los acusados. Aseguró que la última palabra no es de los servicios jurídicos sino del gobierno, porque "se trata de una decisión política".