La juez Mercedes Alaya considera que el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, habría permitido "en connivencia con otros el torcimiento de la Ley y del derecho y el menoscabo de los fondos de la Junta durante más de una década", "por dictar informes u omitir los mismos" en relación al sistema por el que se concedían las ayudas vinculadas a los ERE. Previamente a su declaración la juez comunicó al ex interventor su imputación a cuenta de sendos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, todo ello "por dictar informes u omitir los mismos, acción u omisión que quebrarían de manera esencial el ordenamiento jurídico", según recoge el acta de su declaración.
Declaración centrada en Griñán
Durante su declaración el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez dijo que al presidente andaluz, José Antonio Griñán, "los informes de auditoría no le importaban nada" y que sus explicaciones sobre el caso reflejan su "displicencia, pasividad e incuria".
En su declaración Gómez Martínez dedicó doce preguntas de su defensor a criticar el papel del actual presidente de la Junta cuando era consejero de Hacienda (2004-2009) y no atendió las advertencias de la Intervención. Se trataba de un "déficit presupuestario en cifras muy abultadas y de la concesión de subvenciones prescindiendo absolutamente del procedimiento, causas ambas de nulidad de las operaciones que adolecieron de tales vicios", según el acta a la que ha tenido acceso Efe.
El abogado de Gómez Martínez, José Rebollo, le citó frases textuales de la comparecencia de Griñán en la comisión parlamentaria de investigación, en 2012, y el imputado respondió en todos los casos diciendo que la verdad era otra y que las explicaciones de Griñán eran "maliciosas" o "crípticas".
Nadie prestó atención a sus auditorías
A la pregunta concreta de por qué el Gobierno andaluz no prestó oídos a su auditoría, el exinterventor respondió que sus informes fueron remitidos a tres miembros del Ejecutivo y a la dirección de la agencia IDEA, estructuras "con un staff suficiente de personas para procesar y analizar el informe remitido y la adopción de las medidas oportunas". "Andando el tiempo, comprendió que la razón no estaba en la carencia de medios o el desconocimiento", precisó Gómez Martínez.
En su interrogatorio, la juez Alaya reiteró su idea de que la partida de los ERE servía para "de manera arbitraria, regalar dinero a empresas o personas, muchas de ellas próximas a la Junta o al PSOE, sin que en ningún caso se determinara el fin público o interés social de tales entregas".
Impensable que Griñán no lo supiera
Sobre el conocimiento que tuvo Griñán del caso, el exinterventor aseguró que es "impensable que el (entonces) consejero de Hacienda no conociera que se había generado un déficit de 93 millones de euros y luego de 95 millones, provocado por un solo director general de Trabajo".
Se trataba de un hecho "notorio, sobre todo para el responsable de los fondos de la Junta", según el exinterventor, quien en otro momento aseguró que solo el déficit de 95 millones causado por Empleo en el IFA "habría ocasionado por sí mismo el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la comunidad".
A Carmen Martínez Aguayo, entonces viceconsejera de Hacienda y ahora titular del departamento, el interventor "consiguió transmitirle preocupación" en media docena de conversaciones que mantuvieron en 2005, pero ese interés se produjo en el contexto del "impulso" y la "preocupación inicial" del gobierno que tomó posesión en 2004, que llegó a arreglar uno de los "agujeros presupuestarios" aunque pasado el "primer momento" dejaron de hablar de ellos.
