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Susana Díaz, una sucesora contaminada por el caso de los ERE

Era concejala en el Ayuntamiento de Sevilla cuando estalló el escándalo de Mercasevilla.

Susana Díaz ha sucedido a José Antonio Griñán al frente del PSOE andaluz con el propósito de que lo suceda asimismo en la presidencia de la Junta de Andalucía para impedir la "politización" del caso ERE, según el propio Griñán. Pero la figura de Susana Díaz, una todoterreno del PSOE de Sevilla desde la década pasada, está asimismo contaminada por la realidad fraudulenta de los ERE que tuvo en Sevilla y su provincia su centro de gravedad fundamental. 

Para empezar, hay que significar que el caso que dio origen al macrocaso de los ERE, el caso Mercasevilla, es un caso propio del Ayuntamiento de Sevilla cuando fue gobernado por la coalición PSOE-IU, en la cual participó Susana Díaz. De hecho, su primer cargo político fue el de concejal del Ayuntamiento de Sevilla durante la legislatura (1999-2003), siendo posteriormente Teniente de Alcalde de Recursos Humanos y del Distrito Triana de los Remedios entre 2003-2004. 

Recuérdese que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la imputación del exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla Antonio Rivas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por autorizar los ERE de Mercasevilla de los años 2003 y 2007 y permitir la inclusión de tres 'intrusos', entre ellos su cuñado. Pero Antonio Rivas era compañero de Susana Díaz en la dirección del Partido Socialista en Sevilla.

En 2011, Antonio Rivas presentó al entonces secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, asimismo señaladao por el caso ERE, su renuncia "temporal y voluntaria" como miembro de la Ejecutiva provincial del partido. Rivas, condenado además en el caso Mercasevilla, ocupaba la Secretaría de Formación Profesional y Empleo de la Ejecutiva provincial del PSOE donde Susana Díaz era secretaria de Organización de 2004 a 2010.

El caso de los ERE ha conllevado la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en 67 expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a ayuntamientos y empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero sus sucesores en el cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el ya mencionado ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, o el exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, entre muchos otros, son todos conocidos militantes socialistas con ficha en el PSOE de Sevilla, donde Susana Díaz era la responsable de organización.

De los 100 imputados que figuran en las diligencias incoadas por la juez Mercedes Alaya, más de 40 pertenecen a la provincia de Sevilla de manera directa. Además de los citrados, tómese nota de los nombres de José Acevedo, Ricardo Medina o José Antonio García Prieto, todos ellos imputados y pertenecientes al PSOE de Camas cuando fueron perpetrados los hechos investigados.

Nueve ayuntamientos de la provincia de Sevilla fueron beneficiados por las ayudas directas concedidas por la Junta de Andalucía a un total de 12 consistorios andaluces con cargo a la partida presupuestaria 31L, casi todos ellos estaban entonces gobernados por el PSOE.

La provincia de Sevilla fue beneficiada por el reparto de las ayudas a empresas. Fueron 122 las ayudas por valor de 68,9 millones de euros libradas siempre con cargo a estos fondos para un total de 101 empresas de toda Andalucía. De esas 101 empresas, 64 pertenecían a la provincia de Sevilla, obteniendo 80 de las 122 subvenciones con más de 48 millones de euros del montante global de 68,9 millones de euros.

Entre ellas figuraban sociedades controladas por Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla; José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo; o del exconcejal socialista de este ayuntamiento José María Sayago, por ejemplo. Y n o se olvide que la hija de José Antonio Viera Sonia Viera trabajó para una de las empresas de José Enrique Rosendo incluidas en la investigación.

En cuanto a las prejubilaciones fraudulentas, el PP de Sevilla ha señalado que más de 20 de estos casos se encuadran en la provincia de Sevilla y, entre ellos, figuran once miembros del PSOE o antiguos cargos públicos socialistas y tres familiares de los mismos.

¿No sabía nada de los ERE y su fraude?

El PP de Andalucía señala a la flamante secretaria general del PSOE andaluz como una persona relevante en el PSOE que es imposible no conociera el manejo de los fondos que se deriva del caso de los ERE. Tanto ella misma, primero secretaria de Organización desde 2002 y luego la secretaria general del PSOE de Sevilla desde 2010, su antecesor en ese cargo, el hoy diputado nacional, José Antonio Viera, ex consejero de Empleo de la JUnta de Andalucía  y el presidente del PSOE de Sevilla y de la Diputación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, debían estaar al tanto porque era el parftido de su responsabilidad el que más y con mayor diferencia se estaba beneficiando ilegalmente de la administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31l.

De relevancia es al caso de la Sierra Norte sevillana, una zona altamente beneficiada por los dineros del fondo de reptiles. Susana Díaz ostentaba la Secretaría de Organización, la que organizaba las elecciones generales, andaluzas y municipales cuando Viera lideraba el PSOE de Sevilla y ha señalado los "íntimos amigos de la cúpula del PSOE" en la Sierra Norte de Sevilla, porque el propio Francisco Javier Guerrero fue alcalde de El Pedroso y en buena parte de los municipios de esta comarca se concentran los hechos investigados.

El PP considera bien extraño que Susana Díaz no supiera nada de los dineros que alcanzaban a municipios y zonas decisivas para el triunfo político de su organizaciñon en la provincia de Sevilla.

Teme la dirección andaluza del PP que Susana Díaz pudiera sufrir el mismo destino que Griñán en caso de descubrirse alguna relación más determinante con los fondos de los ERE por parte de quien será en agosto la presidenta de la Junta de Andalucía.

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