El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez ha ratificado este jueves, en su declaración como imputado ante la juez que investiga el escándalo de los ERE, la carta remitida en noviembre de 2012 al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, en la que señalaba que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "cebó sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE". Pero la juez Alaya le ha imputado dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos ya que autorizó modificaciones de crédito presupuestario ya antes de 2001.
La juez que investiga los ERE falsos le ha dado la razón y ha dado por sentado ante él que Griñán conocía los informes en los que le advertían de irregularidades cuando era consejero de Hacienda. Mercedes Alaya lo ha dicho en la introducción de una de las preguntas que ha planteado al exinterventor. "Ya sabemos que el consejero de Hacienda conoció los informes que usted emitía" ,(recordando así la época en la que el actual presidente de la Junta era el responsable de las arcas) según han informado a los periodistas fuentes del caso, las cuales han descrito la comparecencia como "un debate entre los dos -juez e imputado- sobre derecho administrativo".
Al comienzo de su declaración el exinterventor ha ratificado todas sus anteriores declaraciones: la que hizo al Parlamento en la comisión de investigación hace un año y la carta que envió al presidente de la cámara en la que hacía las declaraciones más explosivas y en la que acusó a Griñán y a Carmen Martínez Aguayo de "cebar sin descanso la partida presupuestaria de los ERE".
Además, el ex interventor ha indicado que "todas las irregularidades" de las que alertó la Intervención en relación al sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales "eran de notorio conocimiento" del Consejo de Gobierno andaluz y que "era impensable" que Griñán "no tuviera conocimiento" de las conclusiones plasmadas en los distintos informes de la Intervención General.
En este sentido, el imputado ha hecho mención a varios aspectos significativos que le llevan a afirmar todo lo anterior, como son, en primer lugar, que, en abril de 2003, el Consejo de Gobierno andaluz acordó "que se analizaran los expedientes de las transferencias de financiación", mientras que, en segundo lugar, ha mencionado que la Intervención alertó en 2005 de que "existía un desfase presupuestario de 93 millones" que "trastocaba al presupuesto general" de la Junta.
Por todo ello, ha afirmado que "se puede presumir" que dicho Consejo de Gobierno "aprobó el sistema de junio de 2001", en relación al sistema de transferencias de financiación para pagar las ayudas sociolaborales.
De igual modo, ha revelado que durante el año 2012 se reunió con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, "para mostrarle su descontento y su protesta más enérgica a las imputaciones políticas que le estaba haciendo el Gobierno andaluz", pero Aguayo le dijo que el aludido sistema de transferencias de financiación era correcto.
Sus informes, "al cajón"
Abogados personados en la causa han informado en un receso de la declaración de que Gómez Martínez ha manifestado que no recibió presiones políticas para no alertar sobre las irregularidades en el proceso de las ayudas.
Ha explicado que no emitió el preceptivo informe de actuación, que hubiera paralizado el procedimiento utilizado por la Junta para las ayudas, porque "habría quedado en un cajón" igual que los anteriores, han añadido los citados abogados.
La expectación es máxima ya que de lo que diga el alto funcionario puede depender el futuro procesal del todavía presidente de la Junta. Si la juez encontrara indicios contra Griñán tendría que enviar el caso al Tribunal Supremo porque el presidente es aforado y solo puede ser encausado por ese órgano.
La rebelión del exinterventor
De este modo, el exinterventor de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010 ha ratificado ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, tanto la carta que remitió al Parlamento como lo dicho el pasado verano en la comisión de investigación constituida en la Cámara andaluza sobre las irregularidades detectadas en los ERE.
Hay que recordar que, en dicha carta, Manuel Gómez recordó que la Intervención "advirtió hasta 15 veces de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del programa 31.L", más conocido como 'fondo de reptiles', "y ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi diez años para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo".
Manifestantes en apoyo de Alaya
Un cententar de manifestantes han recibido este jueves al grito de "valiente" y de "cuéntalo todo" al ex interventor a su llegada a los juzgados para declarar como imputado ante la juez.
Estos manifestantes han sido convocados a través de las redes sociales para mostrar su apoyo y "aplaudir y vitorear" a la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que ha entrado en los juzgados por la puerta de atrás para evitar el encuentro con este grupo.
A su llegada a los juzgados sobre las 10,15 horas acompañado por su abogado y presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Rebollo, el ex interventor ha dicho estar "tranquilo", aunque no ha querido hacer declaraciones a los periodistas hasta que finalice la comparecencia.
Las personas concentradas frente a los juzgados, donde han llegado sobre las 9,00 horas, portan pancartas en las que se pueden leer frases como 'Fuerza y honor, juez Alaya'; 'Todos con Alaya, Mercedes de Andalucía', o 'Los héroes existen'.
La comparecencia, cuyo inicio estaba fijado para las 10,30 horas de este jueves, no ha comenzado hasta el momento, ya que la juez ha llegado a los juzgados sobre las 10,50 horas escoltada por varios policías nacionales.
La Junta quiso evitar su declaración
La Junta de Andalucía presidida por José Antonio Griñán temía la declaración de Gómez Martínez, que no quiso asumir el papel de chivo expiatorio que le asignó el PSOE en el caso de los ERE. Su declaración es clave para la situación procesal de muchos de los imputados y especialmente decisiva en el caso de algunos ex consejeros y del propio José Antonio Griñán. La Junta pidió aplazar el recurso contra las últimas imputaciones, incluida esta declaración, en una maniobra que haría retrasar la instrucción. Se da la circunstancia de que desde al Junta han venido criticando la "tardanza" de Alaya en las últimas semanas.
Que la figura del ex interventor general de la Junta es incómoda para Griñán y el PSOE andaluz lo prueba la actitud desafiante de quien ha sido incluso imputado en el procedimiento a pesar de haber explicado por activa y por pasiva que su papel en los hechos estuvo limitado por la decisión de la Junta de Andalucía de situar el llamado "fondo de reptiles" fuera del alcance de su control e inspección. De hecho, en los últimos días, Gómez Martínez ha exigido que la Junta de Andalucía le pague su defensa como anunció que haría con otros altos cargos de la Junta.