El exinterventor de la Junta declara ante la juez Alaya

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo –ERE- irregulares de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, está tomando declaración como imputado a Manuel Gómez Martínez, que fue interventor general de la Junta entre los años 2000 y 2010 y que, según ha defendido una y otra vez, advirtió hasta en 15 ocasiones de la utilización inadecuada de las transferencias de financiación.

Un cententar de manifestantes han recibido este jueves al grito de "valiente" y de "cuéntalo todo" al ex interventor general de la Junta. Estos han sido convocados a través de las redes sociales para mostrar su apoyo y "aplaudir y vitorear" a la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, que ha entrado en los juzgados por la puerta de atrás para evitar el encuentro con este grupo.

A su llegada a los juzgados sobre las 10:15 horas acompañado por su abogado y presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Rebollo, el ex interventor ha dicho estar "tranquilo", aunque no ha querido hacer declaraciones a los periodistas hasta que finalice la comparecencia. Fuentes del caso han informado de que, inicialmente, el imputado tiene previsto contestar a todas las preguntas que se le formulen.

Las personas concentradas frente a los juzgados, donde han llegado sobre las 9:00 horas, portan pancartas en las que se pueden leer frases como "Fuerza y honor, juez Alaya"; "Todos con Alaya, Mercedes de Andalucía", o "Los héroes existen". La comparecencia, cuyo inicio estaba fijado para las 10:30 horas de este jueves, no ha comenzado hasta el momento, ya que la juez ha llegado a los juzgados sobre las 10:50 horas escoltada por varios policías nacionales.

La rebelión del exinterventor

Según ABC, Manuel Gómez, ratificará todas y cada una de las declaraciones que hizo hace casi un año en la comisión parlamentaria de investigación. Y también las que ha hecho luego por carta o a la prensa.

Según Gómez, el sistema que usaba la Junta de Andalucía para repartir dinero, las transferencias de financiación del programa 3.1.L. eran un instrumento legal, pero el empleo que hicieron de ese método para dar subvenciones fue inadecuado. De hecho, era un método que calificó como "la herramienta fraudulenta".

El interventor dijo -y probablemente vuelva a repetirlo- que los titulares de la Consejería y la Viceconsejería -Griñán y la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo- recibieron las auditorías en las que se les advertía de "las graves irregularidades descubiertas en la Consejería de Empleo" y no hicieron nada para combatirlas. Pero también que "cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".

La Junta quiso evitar su declaración

La Junta de Andalucía presidida por José Antonio Griñán teme la declaración de su Manuel Gómez Martínez. De momento, la Junta, en el recurso presentado contra las últimas imputaciones, ha pedido el aplazamiento de su declaración prevista para el próximo día 25 de julio, haciendo retrasar la instrucción del caso, retraso que ha criticado en numerosas ocasiones y que dio origen a la amonestación pública y sin precedentes de la juez por el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, tras reunirse con el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera.

Que la figura del ex interventor general de la Junta es incómoda para Griñán y el PSOE andaluz lo prueba la actitud desafiante de quien ha sido incluso imputado en el procedimiento a pesar de haber explicado por activa y por pasiva que su papel en los hechos estuvo limitado por la decisión de la Junta de Andalucía de situar el llamado "fondo de reptiles" fuera del alcance de su control e inspección. De hecho, en las últimas horas, Gómez Martínez ha exigido que la Junta de Andalucía le pague su defensa como anunció que haría con otros altos cargos de la Junta.

Resulta muy llamativo que este jueves el Gobierno andaluz volviera a urgir a la jueza diligencia y celeridad en el proceso mientras promovía la suspensión de la declaración del ex interventor general entre 2001 y 2010. Tampoco quiere que la juez concrete la declaración de los 19 altos cargos imputados en el último auto mientras no se pronuncie la Audiencia Provincial sobre el recurso promovido por Magdalena Álvarez, representada ahora por el ex abogado de Juan Guerra, Horacio Oliva, célebre porque trató de sobornar al juez del caso Ángel Márquez con un puesto en el Consejo General del Poder Judicial.

Mientras hacía esto, la consejera de Presidencia e Igualdad, y ya candidata nominada del PSOE andaluz a unas presuntas elecciones anticipadas, Susana Díaz, pidió que "finalice la instrucción" para que, "cuanto antes", los que "se han aprovechado de lo público lo paguen". Y añadió, en declaraciones a la Ser, añadió: "Ya vamos tarde".

La carta del interventor, una espada de Damocles

Divinas palabras tituló el ex interventor general de la Junta de Andalucía la carta que remitió al Parlamento de Andalucía lamentando que se intentara pasar la culpa a la Intervención General. En ella acusó a los miembros de la Comisión de Investigación de ser autores de la "infamia" de haber ocultado "deliberadamente los datos, testimonios e informes más relevantes y pertinentes de los que disponía, todos ellos, sin excepción, opuestos al contenido de las Conclusiones aprobadas por mayoría. Se trata, por tanto, de un resultado fraudulento, que se une al inmenso fraude de los ERE". Es más, consideró "probablemente punible" el comportamiento de José Antonio Griñán.

De hecho, dijo lo que sigue: "La Comisión de Investigación sabe que la Intervención advirtió hasta 15 veces de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del Programa 3lL y ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi 10 años -que se dice pronto- para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo. Este descuido, probablemente punible, es la verdad de este asunto, Sr. Presidente, y lo demás son monsergas o excusas de mal pagador".

Según Manuel Gómez, el exinterventor aludido, la Comisión ocultó el informe jurídico de la Cámara de Cuentas que eximió de toda responsabilidad a la Intervención General de la Junta, que quisieron convertir en chivo expiatorio. Añadía el ex Interventor que el criterio del Gabinete Jurídico de la Cámara de Cuentas es compartido -y lo han hecho por escrito- por los 3 últimos Interventores Generales de la Junta de Andalucía, incluido el actual y, como no podía ser de otra forma, por la propia Cámara de Cuentas, que nada reprocha a la Intervención General en su reciente informe definitivo sobre los ERE".

Según el ex interventor, "los titulares de la Consejería y de la Viceconsejería, que recibieron las auditorías en las que la Intervención ponía en su conocimiento las graves irregularidades descubiertas en la Consejería de Empleo" no hicieron nada para combatirlas; antes al contrario, cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".

El ex alto cargo de la Junta llamó "complot" a lo ocurrido en la Comisión de Investigación y lo describió de este modo: "Políticos de ínfima categoría llevan meses -años ya- tratando de engañar a los ciudadanos con el señuelo del informe de actuación, "divinas palabras" que utilizan como espantajo con el que pretenden alejar las sombras de las responsabilidades que se ciernen sobre ellos. Después del informe jurídico de la Cámara de Cuentas y de la opinión escrita de los 3 últimos Interventores Generales, quien quiera seguir engañando a los ciudadanos con esta añagaza del informe de actuación, como el sacristán valleinclanesco, deberá hacerlo en latín, porque en castellano sólo conseguirá embaucar a los tres crédulos diputados de Izquierda Unida en la Comisión de Investigación".

Se lamentó el ex Interventor de la "mancha" que el dictamen aprobado arrojaba sobre la Intervención General de la Junta de Andalucía. Finalmente rogaba a los políticos andaluces que "no nos hagan pasar a todos los andaluces la vergüenza de que toda España contemple cómo el Parlamento de Andalucía ratifica un bodrio del calibre que ha expelido la mayoría de la Comisión de Investigación". Concluía calificando el escándalo como el más vergonzoso caso de corrupción de nuestra historia".