La Fiscalía Anticorrupción se opone a la aceptación por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de los argumentos aducidos por la defensa de Luis Bárcenas para lograr su excarcelación basándose en la existencia de indicios de criminalidad suficiente y en el hecho de que el extesorero del PP, dice, pueda influir en testigos. Además, sostiene que no regularizó su situación con Hacienda al acogerse a la amnistía fiscal al contar con mucho más patrimonio que el declarado.
Así se señala en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Fiscalía impugna el recurso de la defensa de Bárcenas y constata la "procedencia y necesidad" de la prisión recurrida en un momento que reconoce además como próximo a la finalización de la instsruccion del caso Gürtel.
Para el Ministerio Público, existe riesgo de destrucción o alteración de pruebas por parte del extesorero del PP y también de que pueda influir en aquellas diligencias relacionadas con la testigo Isabel Mackinlay, la restauradora que admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que recibió un total de 1.500 dólares por figurar como intermediaria en la venta de varios cuadros por parte de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, con la que justificó unos ingresos de casi 560.000 euros.
El dinero de Suiza
El informe fiscal se refiere a las críticas del extesorero a Ruz por considerar el magistrado que no ha justificado el origen de los fondos depositados en Suiza.
Según la Fiscalía, del examen las declaraciones de Bárcenas y la documentación que entregó a Ruz no concretan "en modo alguno la procedncia de los cuantiosos ingresos en efectivo y transferencias que nutren las distintas cuentas suizas".
"Es más -continúa el informe fiscal-, las iniciales explicaciones que el imputado dio sobre aquéllos se ven contradichas con la documentación posteriormente remitida por las autoridades helvéticas".
Añade que no cabe admitir la declaración tributaria especial pesentada por Bárcenas por ser "inveraz", ya que el extesorero del PP "dispondría de más patrimonio que el reflejado en dicha declaración".
Ello sin olvidar que cuando declaró ante Ruz el pasado 27 de junio afirmó que una cuenta denominada "Rosalía" era de su propiedad, y los fondos de dicha cuenta no fueron sometidos a la amnistía fiscal.
Por todo ello, concluye que constan en la causa abundantes indicios de la comisión por parte del exsenador popular de, entre otros, delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, todos ellos sancionados con penas superiores a los dos años de cárcel.