La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha confirmado este jueves que los 3141 despidos acordados por la compañía Iberia el pasado mes de abril se ajustan a la legalidad vigente.
En una sentencia, los magistrados avalan el acuerdo promovido por el mediador del conflicto designado por el Gobierno, Gregorio Tudela, y que suscribió la empresa y el 81,8% de los representantes de los trabajadores. Dicho acuerdo fue recurrido por el sindicato de pilotos SEPLA y la Confederación General de Trabajadores (CGT) y Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas (STAVLA).
En la resolución, los jueces comparten que la pérdida de 3141 empleos es "una tragedia nacional", pero entienden que está fuera de toda duda "la situación calamitosa" de Iberia, que se ha visto obligada a reestructurar a la baja su plantilla para sobrevivir. El ERE "se trata de un sacrificio proporcionado a la calamitosa situación de la empresa que, si no se acometiera inmediatamente, supondría con toda seguridad, mayores sacrificios e incluso la desaparición de la propia compañía", sostiene la sentencia.
A lo largo de todo el escrito, el tribunal se refiere a la delicada situación financiera de la aerolínea que se debe ajustar a "una realidad empresarial extremadamente comprometida, que opera en un sector extremadamente competitivo y cuya supervivencia le obliga necesariamente a una reestructuración a la baja con la finalidad de hacerla sostenible y reforzar su competitividad".
Según la Audiencia Nacional, concurren causas económicas, productivas y organizativas que justifican este ERE. La Sala, compuesta por los magistrados Ricardo Bodas, Juan Pedro Quintana y Carolina San Martín, manifiesta que la situación de gravedad que atraviesa Iberia está fuera de toda duda ya que ésta se refleja en pérdidas millonarias, supresión de numerosas rutas deficitarias e incremento en los gastos por la subida del combustible.
Los jueces subrayan que el hecho de que se redujese el número de empleados afectados por el ERE de 3807 a 3141 constituye "una fuerte exigencia para la compañía, cuya vialibilidad se encuentra en entredicho y ha obligado consecuentemente a fuertes sacrificios para los despedidos y también para el personal que mantiene sus empleos".
Asimismo, la Sala advierte al SEPLA y a otras empresas del sector que la negociación del convenio colectivo por franjas encaja en épocas de bonanza económica pero no en el momento actual de crisis. Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo.