El PSOE se ha unido para criticar a la juez Alaya, una actitud que entronca con las trabas que el Gobierno andaluz ha puesto a la juez a lo largo de la instrucción. Alaya se quejó en varias ocasiones de la obstrucción a la investigación orquestada por la Junta de Andalucía, cuyo presidente, José Antonio Griñán, intenta aparecer en los medios de comunicación y en la tuitería nacional como máximo colaborador de buena fe del caso.
Una zancadilla detrás de otra
- Dos semanas antes de la Operación Heracles iniciada el 20 de marzo, la Junta envió al Juzgado de Mercedes Alaya un informe con datos claves sobre los pagos autorizados por el ex director general Francisco Javier Guerrero y las sobrecomisiones que cobraron las mediadoras -Vitalia, Uniter y el despacho jurídico Villasis- que la consejera Carmen Martínez Aguayo dijo que no existían. La Guardia Civil tuvo que hacer la investigación fundamental sin esos datos.
- Además, envió un grupo de correos que revelaban la impunidad de las acciones de sectores de la Consejería de Empleo y el grado de "organización criminal". En uno de ellos, se refleja el "sistema establecido" que ha detectado la juez. Se lo envió el exdirector general de Trabajo a Estudios Jurídicos Villasís, el bufete de abogados sevillano que contrató como comercial al conseguidor de ayudas Juan Lanzas, quien a su vez actuaba de enlace directo con los sindicatos. "Adelántame 100.000 euros, que ya me he comprometido", y añade: "Ya te compensaré de otra forma". La información contenida en ese documento estaba en posesión de la Junta andaluza desde hacía casi año y medio y no lo entregó hasta entonces.
- La Junta entregó en abril otro nuevo documento que tendría como finalidad alzar un cortafuegos del caso para que termine definitivamente en los ex consejeros de Empleo y no ascienda más en la escala de las responsabilidades.
- El actual consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, consideró necesario "tomar una decisión" para apartar definitivamente a la juez Alaya del caso de los ERE, con fundamento en su incapacidad laboral transitoria.
- La Consejería de Empleo envió al juzgado un "cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos" -palabras de la propia juez- sobre los expedientes relativos a los ERE y ayudas de 67 empresas que dificultó la investigación judicial. Tras ello, la magistrada tuvo que requerir a la Administración andaluza para que en el plazo de cinco días remitiera una copia compulsada de los expedientes o pusiera de manifiesto por qué la información le ha sido remitida en ese estado.
- Además, la Junta ha remitido documentación inútil para enredar la investigación de la juez. El Gobierno socialista de Andalucía habría optado también por incluir más documentación de la solicitada por la juez. Así, según fuentes del juzgado, la funcionaria encargada tardaría más tiempo en poner la información, 153.000 folios, en orden para que la magistrada Alaya tuviera mayor dificultad a la hora de escudriñar los documentos.
- La Fiscalía Anticorrupción, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y Cándido Conde Pumpido, recurrió el auto de la juez Alaya en el que ordenó a la Junta andaluza la entrega de las 480 actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 para su custodia. Recuérdese que el Gobierno andaluz se negó a entregar a la juez todas las actas desde 2001 de los Consejos de Gobierno, por el "carácter reservado" de parte de ellas. Finalmente, fue el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, el que desestimó la pretensión de la Junta de Andalucía sobre el conflicto de competencias planteado a cuenta de las actas del Consejo de Gobierno.
Y cómo olvidar las insinuaciones sobre la conducta privada de la juez realizada por el diputado nacional del PSOE, Alfonso Guerra, o las afirmaciones, consideradas machistas por el PP, del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía -"trabaja mucho y encima sigue guapa"-, dijo.
Cuando el PSOE defendía a los jueces
Recientemente, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, se fue a Sevilla a amenazar a la juez. "Si se sigue demorando" el caso ERE tomarían medidas que podrían llevar" a la apertura de expediente disciplinario, le advirtió este magistrado de Jueces para la Democracia.
El punto culminante ha llegado tras imputar ayer la juez a Magdalena Álvarez. El PSOE ha salido en tromba a criticar a la juez y, prácticamente, acusarla de prevaricación. Curiosa actitud cuando el PSOE ha acusado en varias ocasiones al PP de arremeter contra los jueces cuando no les gustan sus resoluciones.
En 2010, el ahora líder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo a raíz del caso Gürtel que dirigentes del PP "no han hecho otra cosa" que insultar a jueces, fiscales y policías, tratando de sembrar dudas" sobre el caso. "Es el mundo al revés; los policías, jueces y fiscales dando explicaciones en vez de darlas quienes presuntamente están implicados en esta impresionante trama de corrupción".
Más recientemente, el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Antonio Hernando, respondía así a la denuncia de Carlos Floriano de una causa general contra el PP: "Cuando se ve en apuros judiciales, siempre sigue la misma estrategia: acusar a policías, jueces y fiscales".