En un escrito presentado ayer ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al instructor de la trama Gurtel, Pablo Ruz, que imponga al extesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, una fianza de 28.144.000 euros por la responsabilidad civil subsidiaria que pudiera derivarse de esta macrocausa.
Anticorrupción solicita esta medida contra el exsenador después de que así lo pidiera el mes pasado la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE). Esta iniciativa no está relacionada con la declaración que ha prestado durante dos horas este jueves el extesorero ante Ruz ni con las medidas cautelares que podrían imponérsele tras la misma.
En su escrito, la Fiscalía señala que "concurren abrumadores indicios de la comisión de varios delitos" por parte de Luis Bárcenas. En este sentido, el Ministerio Público recuerda que por esta misma razón el pasado 22 de marzo se le impusieron diversas medidas cautelares al imputado como la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer cada quince días.
El fiscal sostiene que se le debe imponer una fianza de 28.144.000 euros atendiendo a los diez millones de euros derivados de los posibles delitos contra la Hacienda Pública cometidos presuntamente en 2002, 2003, 2006 y 2007; a once millones por blanqueo de capitales y a 108.000 euros derivados de un posible cohecho. Para fijar esa cuantía, Anticorrupción recuerda que Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a establecer como fianza una tercera parte más de todo el importe probable.
Varios delitos
Con respecto a los delitos fiscales, el informe recuerda que, según la Agencia Tributaria, las cantidades defraudadas por Bárcenas ascenderían a 551.562,39 en relación con el IRPF de 2002; a 862.236 y 143.478 euros con respecto al IRPF y al Impuesto de Patrimonio de 2003; y a 584.724,23 euros y 500.693 euros, respectivamente, en 2007. Además, se le considera cooperador en la defraudación de 222.112 euros por la venta de cuatro cuadros atribuida a su mujer en 2006.
En relación con el cohecho, la Fiscalía destaca los "numerosos ingresos en efectivo y transferencias" que Bárcenas realizó en Suiza respecto de los que "ninguna justificación plausible" ha ofrecido y que aparecen, por tanto, "indiciariamente vinculados a comisiones percibidas por adjudicaciones públicas".
De igual modo, pone de relieve que "algunos de los hechos que motivaron su imputación inicial consistían en la percepción de cuantiosas dádivas en los años 2002 y 2003". De acuerdo con las actuaciones, la Fiscalía destaca que "al menos una gran parte de las citadas dádivas traerían su causa en el reparto de fondos procedentes de empresas (SUFI, Constructora Hispánica, Teconsa) que se habrían distribuido entre, básica y reiteradamente, Luis Bárcenas Gutiérrez, Jesús Merino Delgado y Francisco Correa Sánchez".
"Aun más, algunos de los referidos repartos se han podido vincular indiciariamente con la adjudicación de concretas obras públicas", entre las que se citan la construcción del centro de residuos urbanos en Gomezello o la obra relacionada con la variante de Villanueva de Mena, Villasama y Entrambasaguas, "cuya regularidad está siendo investigada". El fiscal ha presentado este informe después de que la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en el procedimiento, solicitara una fianza por responsabilidad civil por valor de 54.509.715 euros.