La Policía detiene a diez personas vinculadas con el fraude de la Bahía de Cádiz

La Policía ha detenido a 10 implicados en el fraude de ayudas públicas del Plan Bahía Competitiva de Cádiz, relata El País. Entre ellos están los cerebros empresariales de esta trama de corrupción. En esta segunda fase policial del caso, se han registrado cinco locales entre empresas y residencias de lujo. Según la Policía, se ha incautado "documentación comprometedora" de las subvenciones públicas recibidas.

Es el colofón a la investigación del Grupo de Blanqueo de la Unidad Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla y de la Udyco Central que empezó hace casi dos años, con la instrucción judicial del caso que tiene ya 12 imputados, una cifra que esta semana aumentará previsiblemente.

Recuérdese que empresarios gallegos y vascos captaron 21 millones, 23 según la Policía, en subvenciones públicas procedentes del Ministerio de Industria para acometer una inversión y la compra de terrenos para ubicar sus proyectos. Pero poco tiempo después de recibir el dinero, todos desaparecieron, los proyectos y los promotores. El dinero se desvió a 50 empresas fantasma y de ahí, a paraísos fiscales. El empleo que iba a llegar a la Bahía de Cádiz, zona afectada por un paro endémico y descomunal, no se creó. Los principales delitos de los que se acusa a los imputados son blanqueo de capitales, falsedad documental y fraude de subvenciones. El fraude podría haber llegado a 80 millones de no haberse descubierto a tiempo.

Cinco cargos de Industria, imputados

El ex presidente de la Diputación y ex secretario general del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña y al propio José Antonio Griñán y su gobierno han sido salpicados con un escándalo en el que desaparecieron más de 20 millones de euros que iban destinados a crear empleo en la Bahía de Cádiz donde el paro es asfixiante.

El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, calificó el caso de "un nuevo robo" por parte de los socialistas del dinero de los parados, en línea con otros escándalos donde ha estado implicada la Consejería de Empleo, como el de los ERE. Sanz recordó que en el Plan Bahía Competitiva, que perseguía la reindustrialización de esa zona de la provincia de Cádiz, se habían "esfumado" 25 millones del dinero de los parados, siempre en favor de personas y empresas del entorno del PSOE. Unas ayudas que se concedieron, añadió, mientras se retrasaban o se negaban otras a empresas solventes de Jerez como González-Byass.

Poco después, las aguas turbulentas el caso llegaban a José Antonio Griñán a causa de la declaración de una testigo, Rosa Mellado, de la que se desprendió -según El Mundo- que el Consejo de Gobierno dio luz verde a las ayudas millonarias a dos sociedades directamente relacionadas con el principal actor del fraude, Alejandro Dávila Oubiña Soluciones Tecnológicas Ambientales y Sostenibilidad, Ecología y Agua, que recibieron un total de 5,4 millones de euros.

La declaración de Mellado tiene gran relevancia porque ella era nada menos que gerente de la Agencia IDEA en Cádiz, pieza clave de la Junta, y destacó ante el juez que, por norma, los expedientes de ayudas que superan los 1,2 millones de euros pasan al Consejo de Gobierno, lo cual indica que fue el gobierno de Griñán el que tuvo la última palabra.

Mellado aclaró la implicación de uno de los principales imputados, Antonio Perales, responsable del bautizado como Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz. De hecho, Mellado entregó en el juzgado un documento del propio Perales en el que figuraba un listado muy detallado de las empresas que conforman la red tejida por Dávila Ouviña y las otras dos familias, los Retolaza y los Arespacochaga, incluidas las sociedades que percibieron las subvenciones.

También aportó algunos de los expedientes, el procedimiento de tramitación de la Agencia IDEA que debían seguir todos ellos y una relación actualizada en ese momento de los gestionados. Y aclaró que también el Consejo de Gobierno, cuando el presidente era todavía Manuel Chaves, alumbró el Plan Bahía Competitiva en 2008.

Un cachondeo de gestión

La Agencia IDEA es la misma que está implicada hasta el tuétano en el caso de los ERE que sustancia el juzgado de la Juez Alaya en Sevilla. Pues bien, la gestión y el control de las ayudas que se concedían eran de risa. La declaración de Mellado implica que el control efectuado sobre los agraciados de las subvenciones era ridícula. En primer lugar, la documentación aportada con los expedientes sólo en algunos casos se cotejaba con las fuentes o se contrastaba.

Cuando había alguna duda, pues, no se recurría a otras fuentes para comprobar la veracidad de los datos sino que se acudía a los promotores del proyecto subvencionado y las entidades financieras que concedían ayudas.

El negocio, finalmente un saqueo, que ha costado 25 millones a las arcas del Estado, de la Junta y a los parados fue ideado por el empresario gallego Alejandro Dávila Oubiña junto con los grupos de las familias Retolaza y Arespacochaga. Y con ellos colaboraron Teresa Santero, ex secretaria general de Industria en la etapa del ministro Miguel Sebastián y cuatro cargos más del ministerio que han sido imputados por las irregularidades en la concesión de las ayudas y cambios legales que favorecieron el fraude.

El clan de Alcalá y el fraude

El clan de Alcalá es un grupo de socialistas afincados o procedentes de la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules comandados por dos personajes estelares, Alfonso Perales Pizarro, ex presidente de la Diputación de Cádiz, ex consejero de la Junta y ex miembro de la Ejecutiva de José Luis Rodríguez Zapatero, ya fallecido, y su primo hermano, Luis Pizarro Medina, ex vicesecretario general del PSOE de Andalucía y ex consejero del gobierno Chaves. A partir de ellos, el clan de Alcalá y un amplio grupo de familiares y pretorianos provinciales lograron un importante poder en el PSOE de Cádiz y, finalmente, en la Junta de Andalucía e incluso en el gobierno de Zapatero.

Dos familiares directos de los máximos inspiradores del clan están implicados en el caso Bahía Competitiva. En una de estas dos sociedades, Soluciones Tecnológicas Ambientales, tenía en nómina a la hija del Alfonso Perales que fue presidente de la Diputación de Cádiz, consejero de la Junta y miembro del equipo de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero es que Antonio Perales, hermano de Alfonso y destinado a la cosa empresarial pública, era gerente del plan Bahía Competitiva. Ambos, Perales y sobrina, están imputados por fraude en subvenciones y falsedad.

Otro miembro del clan de Alcalá, Francisco González Cabaña, ex presidente de la Diputación de Cádiz y ex alcalde de Benalup de Sidonia, participó asimismo en la concesión de las ayudas en razón de su cargo. De hecho, Ana Isabel Fuentes, una de las imputadas en la trama y mano derecha del empresario Dávila Ouviña, señaló a Cabaña en una conversación con un individuo identificado como Pepe al afirmar que "quien decidía era Cabaña en su despacho con Perales" y que existía un correo electrónico que lo demostraba.