El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, deberá explicar la razón por la que su mujer utilizó escolta pública durante un viaje privado que realizó en abril desde la estación del AVE en Zaragoza hasta Fitero (Navarra), donde residen varios familiares del matrimonio, y en el que su esposa "tuvo trato VIP", lo que generó "malestar en ámbitos policiales".
La iniciativa será registrada este martes en el Congreso de los Diputados por el único parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Yuste, que está integrado junto a los electos de IU en el grupo parlamentario Izquierda Plural, y que ya preguntó por escrito sobre este tema al máximo responsable del ministerio del Interior.
La respuesta del ministro llegó hace pocos días hasta la oficina del parlamentario aragonesista y en la misma Fernández Díaz reconocía que su mujer realizó el mencionado viaje con escolta policial y lo justificaba haciendo alusión a la Instrucción 3/2012 del departamento que él mismo dirige.
Yuste recuerda que el texto de esa orden ministerial dice que "durante los últimos años, la progresiva disminución de la capacidad operativa de la banda terrorista ETA ha llevado aparejada una disminución de la amenaza que se cierne sobre gran parte de estas personas", algo por lo que "es preciso optimizar los recursos destinados a proporcionar estos servicios, lo que permitirá recuperar para otros cometidos gran parte de los efectivos policiales dedicados a protecciones".
Por este motivo, esa instrucción determina que la seguridad "solo se proporcione a quien realmente lo requiera en atención a sus circunstancias personales y al grado de amenaza real que soporta, minimizando al mismo tiempo el catálogo de autoridades que deben contar con servicio de protección por razón exclusiva del cargo que ocupan", continúa el parlamentario de CHA.
Es más, según el texto de la citada orden, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la misma también se advierte que se retirará la escolta a aquellas personas que hagan un mal uso de la misma: "La Comisión procederá a retirar la protección a aquellas personas que de forma grave o reiterada infrinjan las normas citadas con actitudes o hábitos que impidan una eficaz prestación del servicio y siempre que no atiendan a los requerimientos para que modifiquen dicho comportamiento".
Yuste quiere que Fernández Díaz explique en la comisión de Interior de la Cámara Baja cuáles son los criterios reales que se utilizan; si este tipo de servicios a familiares, sin la presencia del Ministro, se realizan siempre que se solicitan; cuál fue el coste económico de este servicio en concreto, así como el número de efectivos policiales que se vieron implicados en el mismo y el número de horas que estuvieron realizándolo.