La Agencia Tributaria aseguró el lunes que remitió al juez José Castro, instructor del caso Nóos, los datos que obran en su poder y que son suministrados "por terceros" respecto a las ventas inmobiliarias de la infanta Cristina, sin que fueran objeto de "valoración jurídico-tributaria".
El lunes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó que desconocía el informe de la Agencia en relación con las propiedades de doña Cristina, pero añadió que sería necesario ofrecer explicaciones "en la medida en que se hubiera producido algún tipo de error".
Fuentes de la Agencia Tributaria explicaron después que se recibió un oficio del juez Castro requiriendo información de las cuentas de la infanta, así como de sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que fuera titular desde el año 2002. Indican que el pasado 14 de junio remitió al juzgado la información que figuraba en sus bases de datos recalcando que había sido facilitada "por terceros en cumplimiento de los deberes de suministro que les impone la normativa tributaria". La contestación al juzgado, añaden las fuentes, se ha atenido a los estrictos términos de la petición de datos efectuada, comunicando los datos aportados a la AEAT por terceros, sin que hayan sido objeto de valoración jurídico tributaria. "Por lo tanto, no cabe extraer directamente de los propios datos efectos ni consecuencias directas en materia jurídico tributaria", agregan.
Explican así que la Agencia hizo un mero traslado de datos, entre los que se encuentran los aportados por notarios y registradores de la propiedad, e insisten en que la AEAT se ha limitado a recopilarlos sin llevar a cabo ningún procedimiento de validación. En ese sentido, las fuentes alegan que las facultades de la Agencia para comprobar la situación tributaria de los contribuyentes están afectadas por el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 66 de la Ley General Tributaria. "La Agencia Tributaria rechaza de forma tajante la insinuación publicada en un medio de comunicación de que los datos hubieran sido alterados intencionadamente para restar credibilidad a la investigación y que se tratara de una intoxicación premeditada", señalan las fuentes.
Éstas subrayan que "dicha alternativa sólo podría haberse llevado a cabo con la complicidad de algunos de los funcionarios encargados de confeccionar y enviar el informe patrimonial al juez". Antes de estas aclaraciones, el juez Castro había pedido este lunes a cuatro registros de la propiedad que le faciliten las datos de las fincas que según la Agencia Tributaria la infanta Cristina vendió en 2005 y 2006 por un valor total de 1,4 millones de euros.
Errores y más errores
El juez Castro reclamó estos datos porque la infanta Cristina negó la existencia de la operación. Los presuntos compradores también desmintieron su participación. Fueron las sospechas sobre una información incorrecta lo que llevó al juez a solicitar los datos al registro, informa El Mundo. Habría podido recibir no un informe como tal sino una "tabla errónea".
Así las cosas, la mayor incógnita es de dónde proceden los errores y quién tiene la responsabilidad. Fuentes de Hacienda citadas por El Mundo alegan que uno de los motivos puede ser que se enviara la información de la base de datos sin corroborar porque el juez no lo demandó. En ocasiones, añade el diario, en Hacienda hay información que no está "depurada". El error también podría estar, apunta el diario, en el propio envío de los datos, con algún fallo relativo a la numeración del NIF.
Lo que más destaca, en cualquier caso, es que los errores se produjeran en cada una de las trece operaciones inmobiliarias atribuidas a la infanta con la participación de al menos cuatro notarios diferentes y de otros cuatro registradores. También destaca que nadie, hasta ahora, se percatara de los datos erróneos que tenía Hacienda.