Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía durante el periodo comprendido entre 2000 y 2010, ha censurado la actuación de la Cámara de Cuentas en el informe de fiscalización sobre los ERE y ha atacado a todos aquellos –Griñán incluido– que han responsabilizado al organismo de control que él representaba de no detectar el fraude a tiempo. La nueva andanada del ex interventor se produce tras una entrevista de Antonio López, presidente de la Cámara e Cuentas, publicada en el diario ABC, afirmó que, en relación a los ERE estaba "claro que han fallado los mecanismos de control. Hay dos: el interno y el externo. Nosotros, el control externo, llegamos después de que los hechos han acaecido. El interno tiene más proximidad para identificar irregularidades", explicó atribuyendo responsabilidad a la Intervención General de la Junta.
Recuérdese que en otro momento anterior, el ex interventor general de la Junta acusó a José Antonio Griñán de "cebar" la corrupta partida presupuestaria denominada "fondo de reptiles". Lo dijo de este modo: "Agredido por una caterva de políticos cobardes y sin honor" (señalando con claridad al jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, como uno de los responsables y a la actual consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo) que conociendo "las graves irregularidades descubiertas en la Consejería de Empleo nada hicieron para combatirlas; antes al contrario, cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".
Ahora y debido a la entrevista mencionada, el ex interventor remitió ayer una carta al presidente de la Cámara de Cuentas de la que se hace eco La Razón y en la que reprocha a López su "ignorancia" y le recuerda que la Intervención General no tuvo "proximidad" alguna a la gestión de las ayudas porque "fue excluida de la fiscalización".
Gómez enumera de nuevo "los informes de auditoría que alertaron de que la gestión del programa 31.L comportaba un empleo inadecuado o ilegal de las transferencias de financiación y una supresión de los mecanismos de control" y que esas ayudas podían ser "nulas de pleno derecho por las graves irregularidades de procedimiento".
Además, resalta que las cuentas anuales de IFA/IDEA "reseñadas por la misma Cámara en sus informes reflejaron las desviaciones presupuestarias que provocaba la Consejería de Empleo", extremo apuntado en 2007 por la compañía Price Waterhouse Coopers en su informe sobre la Cuenta General de la Junta.
Por si fuera poco, subraya que el informe final sobre los ERE de la Cámara de Cuentas omite un dictamen de los servicios jurídicos que señalaba que el Informe de actuación –la excusa esgrimida por Griñán y el PSOE para justificar su desconocimiento de las irregularidades– no era preceptivo porque el foco de los desmanes se encontraba en la Consejería de Empleo y no en una empresa pública, condición indispensable para activar esta alerta.
En este punto, el ex interventor ataca a la Cámara de Cuentas por demostrar un "inusitado empeño digno de mejor causa en mantener en pie a toda costa la percha del informe de actuación. Percha en la que vienen colgando su sombrero quienes llevan años engañando a la opinión pública con la añagaza de que su pasividad ante el fraude se debió a que no recibieron el dichoso informe" –nueva referencia al presidente de la Junta–.
Manuel Gómez Martínez llegó a recomendar al Pleno del Parlamento que no aprobase el dictamen de la comisión de investigación de los ERE fraudulentos. Si le daba luz verde, la Cámara haría pasar "a todos los andaluces la vergüenza de que toda España contemple cómo ratifica un bodrio del calibre que ha expelido la comisión de investigación".
Aunque Gómez Martínez no menciona los apellidos de Griñán ni de Martínez Aguayo, escribió bien "los titulares de la Consejería y Viceconsejería" de Hacienda durante los años en los que se extendió el fraude. El exinterventor aludió a la advertencia que llegó a hacer hasta en quince ocasiones "de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del programa 31L y ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi diez años para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas si hubieran tenido voluntad de hacerlo".
Gómez Martínez, después del informe jurídico de la Cámara de Cuentas y de la opinión de los tres últimos interventores generales, afirmo que "quien quiera seguir engañando a los ciudadanos con esta añagaza del informe de actuación, deberá hacerlo en latín, porque en castellano sólo conseguirá embaucar a los tres crédulos diputados de IU" que estuvieron en la comisión de investigación.
Para el exinterventor la conclusión de la mayoría de la comisión sobre su papel en el caso podría ser calificada de "caprichosa, si no fuera porque es extraordinariamente nociva y perturbadora".
La impresión de Gómez Martínez fue que "algún estratega de vuelo corto" pensó en "parapetarse" tras los interventores. En su carta al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, escrita poco después de aprobarse las conclusiones de la Comisión, dijo además que es abominable la ley del silencio al escribir que "ni me callé ni me aguanté entonces, ni lo hago ahora ni lo haré después", porque es "la única conducta decente" ante quienes "para esquivar o encubrir las responsabilidades políticas, contables y penales derivadas del fraude de los ERE, no han dudado en manchar el crédito, la integridad y la dignidad de los profesionales que han trabajado a su servicio".
Y terminaba diciendo: "Sería un sarcasmo que difícilmente entenderían los ciudadanos persistir en el reproche al interventor (...) mientras se ignora clamorosamente la incuria decenal de los sucesivos miembros del Gobierno de la Junta que con tan poco provecho e interés recibieron las auditorías, verdaderos responsables, por acción u omisión, del más vergonzoso caso de corrupción de nuestra historia". Un episodio, según Gómez Martínez, "digno de entrar con todo merecimiento en la Historia universal de la infamia".