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Alaya investiga el origen del dinero de la fianza del cuñado de Lanzas

Los 50.000 euros fueron depositados con inusitada rapidez.

La juez que investiga los ERE falsos ha ordenado averiguar el "verdadero origen" de los 50.000 euros que permitieron salir de la cárcel en pocos días a Ismael Sierra, cuñado del "conseguidor" Juan Lanzas y presunto testaferro de empresas empleadas para blanquear las comisiones que cobraban.

La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, expresa su sorpresa por la rapidez con la que la familia de Sierra consiguió en marzo pasado los 50.000 euros de fianza para que saliera de la cárcel, y que según su declaración procedía de una indemnización por despido de su esposa, Remedios Castaño.

La juez tiene en cuenta que Sierra está acusado de haber obtenido 1.485.612 euros a través del desvío de fondos públicos y que en uno de los registros domiciliarios de la operación Heracles, en la que fue detenido, "ha aparecido dinero oculto".

Por ello, acuerda reclamar a la empresa Telefónica que informe sobre la fecha de cese de Remedios Castaño, importe de las indemnizaciones que recibió por ese motivo, fecha de pago y cuenta donde se ingresó.

En marzo pasado, durante un registro de la operación Heracles en una finca de Albanchez de Mágina (Jaén), Ángel Lanzas, padre del "conseguidor" Juan Lanzas, dijo a los guardias civiles: "Aquí sí hay dinero, pero no lo vais a encontrar" y "aquí ha entrado mucho dinero, dinero que no podría contar".

En un auto dictado el pasado 21 de marzo, notificado ahora al haberse levantado el secreto del sumario, la juez Alaya recogió que en otro registro en una vivienda de dicha localidad jienense, usada por Juan Lanzas, se incautaron 81.100 euros escondidos en un armario.

Entonces se volvió a buscar en finca de Ángel Lanzas, donde un perro adiestrado en la detección de papel tampoco pudo encontrar dinero, por lo que Alaya expresó sus sospechas de que pudiese estar en un zulo "a profundidad que lo haya hecho indetectable" para los perros.

El auto de Alaya, por tanto, autorizó a la Guardia Civil una nueva búsqueda el día 22 de marzo con ayuda de un georradar "en toda la finca, incluidos los inmuebles" y a utilizar la fuerza necesaria para el acceso a cualquier "recinto o cajas fuertes que pudieran encontrarse cerrados", registro que también resultó infructuoso.

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