La juez Alaya impone 38 millones de fianza a Lanzas y le embarga once fincas
La juez habla de una "vorágine de información" ante el que está incrementando la cuantía de las fianzas civiles.
La juez que investiga los ERE falsos ha impuesto fianzas civiles de 111 millones de euros a cada uno de los tres directivos de la aseguradora Vitalia imputados en la última fase de las investigaciones y de 38 millones al exsindicalista Juan Lanzas.
La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, acuerda imponer distintas fianzas a nueve de los 22 últimos imputados, pese a que se está produciendo una "vorágine de información" por parte de la Guardia Civil y los bancos que "solo puede justificar un incremento de las mismas" según avance la investigación.
La magistrada justifica estas fianzas, que deben responder de las futuras responsabilidades civiles y multas, por el "negocio enormemente rentable para Vitalia" en que se habían convertido las pólizas de renta colectiva financiadas por la Junta y las "comisiones elevadísimas" que cobraba.
Mediante una "arbitraria" adjudicación a Vitalia de dichas pólizas, sin concurso público y durante diez años, no sólo Lanzas obtenía "suculentos beneficios", sino que las sobrecomisiones millonarias se utilizaban para gratificar "de manera continuada a sindicatos y a ciertos responsables de la Administración, como en este caso al director general de Trabajo" Francisco Javier Guerrero, añade Alaya.
En cuanto a la cúpula de Vitalia que integraban Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín, el auto fija su fianza civil en 111 millones de euros, cantidad alcanzada de sumar el 35 por ciento de los 217 millones de euros a que ascendieron las primas pagadas por la Junta y el dinero que pagaron a Lanzas.
Respecto a Lanzas, la cantidad de 38 millones de euros se alcanza mediante lo cobrado por los "intrusos" en el ERE de Hitemasa, entre ellos él mismo y su esposa, y la inclusión de dos cuñados suyos en el ERE de Dhul, donde tampoco trabajaron.
Además, Alaya incluye entre la futura responsabilidad de Lanzas haber incluido como "intrusos" a la esposa de un sindicalista de Hijos de Andrés Molina y a otros dos en la empresa Aglomerados Morell, además de Carmen Fontela en el restaurante Rio Grande de Sevilla y las comisiones que cobró de Vitalia.
A Patrocino Sierra, esposa de Lanzas, la juez le impone una fianza de 14 millones por los beneficios percibidos por ella misma, sus cuñados y porque "conociendo el ilícito origen de los ingresos de su marido", se concertó con él para incorporarlos al tráfico legal y comprar cinco inmuebles.
El auto acuerda embargar a todos los imputados varias propiedades, entre ellas once fincas al matrimonio Lanzas-Sierra y doce inmuebles a Albarracín y su esposa.
Jesús Bordallo, director andaluz de Vitalia, deberá depositar una fianza civil de 15 millones y la esposa de Albarracín de 5 millones.
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