Moutaz Al Mokhtar Kasem, un indigente de origen árabe, figuraba como administrador en el entramado societario montado por el grupo Vitalia, mediador de la mayoría de los ERE fraudulentos, según informa ABC.
Al Mokhtar era un indigente al que esta organización sacó de un centro social o directamente de la calle para utilizarlo como testaferro en seis sociedades que el grupo usó como tapadera para blanquear, presuntamente, parte del dinero de las millonarias sobrecomisiones pagadas por la Junta de Andalucía por tramitar pólizas de prejubilación.
Los documentos contables incautados por la Policía autonómica de Cataluña, dentro de las diligencias abiertas por un juzgado de Barcelona relacionadas con la quiebra de Eurobank, reflejan pagos a "hombres de paja" que se prestan a figurar como administradores y a intervenir en determinados actos jurídicos y negocios de forma que quede oculta la actividad de los directivos Eduardo Pascual y María Vaqué. En concreto, figura el abono de 1.000 euros "al indigente de origen árabe Al Mokhtar que en aquella época –desde el 28 de septiembre de 2010- figuraba como administrador de la sociedad Dag Dromen SL".
El mendigo ocupó distintos cargos, junto a directivos de Vitalia imputados en el caso, en hasta seis sociedades vinculadas a la consultora de previsión social catalana: Primadeco de Servicios y Desarrollos, Free Continental Advisors SL, Dreamhouses Invest SL, Dag Dromen SL, Alternativas Crecientes SL e Inversiones Fafner SL. A través de estas dos últimas, el holding de Vitalia facturó comisiones por los servicios de mediación en pólizas, según la UCO.
"Me pagan o no firmo"
Una de las empleadas de la consultora catalana en Madrid, María Nieves Alonso, relató a la Guardia Civil que "a finales de 2011 se produjo el cambio de administración en Primadeco, pasando a figurar una persona con nombre árabe", recoge el atestado. Según le comentó una compañera de Barcelona, se trataba de "un indigente de origen magrebí que incluso llegó a personarse en las oficinas de Barcelona" para reclamar "sus 1.000 euros y que no firma hasta que se los den", expone la UCO.