Según consta en el sumario del caso de los ERE, parte de las sobrecomisiones pagadas al grupo catalán Vitalia, que tramitaba las ayudas sociolaborales, acababa en Luxemburgo, Rumanía -entre otros países de Europa del Este- y desapareció en negocios en la República Dominicana. Es el resultado del informe de los Mossos d’Esquadra, que forma parte de las diligencias del caso Eurobank, instruido en la Audiencia Nacional y que se ha conocido tras el levantamiento del secreto del sumario. Todo ello tuvo que ser autorizado por el consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, en libertad bajo fianza.
Mientras que en el mercado las comisiones por esta actividad estaban en torno al 4 ó 5 por ciento, Vitalia consiguió de la Junta comisiones de casi el 30 por ciento, ascendiendo a 21,35 millones de euros "el exceso de comisión percibida en el conjunto de las pólizas" de prejubilación gestionadas por esta empresa.
Vitalia obtuvo este negocio de la Junta sin que se hiciera concurso público alguno. Su filial Irson SL obtuvo 7,9 millones y Holding Europeo Tindex facturó 13,29 millones a través de las pólizas firmadas con Fortia. También aparece en el entramado la aseguradora belga Apra Leven, ya quebrada, y Fortia Vida -resultado de la fusión de Personal Life y Norton Life-, que concentraron gran parte del negocio de las prejubilaciones pese a carecer de autorización legal para realizar tales operaciones, relata ABC.
La policía de Cataluña halló que Apra Leven "replicó un entramado mercantil en torno a la aseguradora belga" que habría acabado en sociedades inmobiliarias de Luxemburgo y Rumanía. En este país compraron un solar por un precio irrisorio y otra sociedad suya adquirió el mismo solar a "un precio muy superior a través de tasaciones falsas para inflar el valor del patrimonio". Vitalia también utilizó terceras empresas en paraísos fiscales para "dotar de opacidad al movimiento de fondos", apuntan.
Según la Guardia Civil, las sobrecomisiones eran acordadas por Antonio Albarracín, director general de Vitalia, con la Junta, con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos -Pascual y Vaqué, por un lado, y el consejero de Empleo, Antonio Fernández, por otro-. La consecuencia fue dinero en abundancia para los mediadores, para el exdirector de la Junta Javier Guerrero, para los sindicatos UGT y CCOO y para "conseguidores" como Juan Lanzas, consultoras y abogados.
Dinero de los ERE a los sindicatos
Hasta ahora se creía que UGT y CCOO habrían recibido en comisiones sobre su actuación en los ERE alrededor de 6 millones de euros, pero la Guardia Civil ha recifrado en 7,6 millones de euros el dinero que ha llegado a ellos o a entidades vinculadas a ellos entre los años 2000 y 2010, cifra que puede aumentar.
UGT y CCOO facturaban a las aseguradoras por "asesoramiento, cálculos actuariales o recogida de datos".
Dineros opacos y destrucción de pruebas
La Guardia Civil afirma que se ha producido una destrucción masiva de documentos desde que empezó la investigación, sobre todo relacionado con los intrusos de los ERE, conocidos como "personas especiales" por las aseguradoras e intermediarias.
El análisis del patrimonio del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero arroja que cobró 97.851 euros de la sociedad Gestifesa, que contrató a Guerrero y su mujer tras su cese en 2008 y cobró 303.588 euros en efectivo en cantidades de menos de 3.000 euros sin que se conozca el origen por ahora.
Otros 23.769 euros fueron ingresados en una cuenta propiedad de una hija menor de edad de Guerrero y su esposa compró pisos por valor de 265.974 euros pese a que en el periodo investigado -entre octubre de 1999 y la actualidad- recibió solo 59.169 euros por su trabajo. Tales actividades implican la existencia de un dinero opaco.
También era opaco parte del dinero del exsindicalista Juan Lanzas que, a partir del año 2000 "aumentó su patrimonio mediante la adquisición de once nuevas propiedades" a su nombre, cuatro a nombre de su empresa Maginae Solutions y un apartamento en la playa para sus padres.
Lanzas adquirió un patrimonio "desproporcionado con los ingresos legalmente obtenidos" y en el periodo 2001-2012 tuvo movimientos en su cuenta y en la de su esposa 2.972.943 euros y 2.837.458 euros respectivamente.