La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de libertad planteada por el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, que se encuentra encarcelado desde el pasado 20 de marzo a cuenta de su presunta implicación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta.
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el que se opone a la petición de libertad planteada por el abogado de Guerrero ante la Audiencia Provincial de Sevilla al entender que, en caso de salir de prisión, existe un riesgo cierto de que el imputado se pudiera dar a la fuga.
Inicialmente, el letrado de Guerrero, Fernando de Pablo, recurrió directamente ante el propio Juzgado el auto de prisión dictado por la juez Mercedes Alaya en el marco de la operación desarrollada por la Guardia Civil por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
En su recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado criticó que la juez elaboró en su auto "una teoría conspirativa nada cercana a la realidad", rechazando la existencia de riesgo de fuga, pues "nada hay en el comportamiento de Guerrero que haga pensar que quiera eludir sus compromisos judiciales", a lo que se suma que las nuevas imputaciones realizadas en el marco de la operación 'Heracles' "no modifican trascendentemente el devenir de su futuro judicial".
Además, según el abogado de Guerrero, "no puede afirmarse que el imputado pueda obstaculizar las diligencias de investigación" realizadas dentro del secreto que la magistrada levantó el pasado miércoles, punto en el que criticó que dicho secreto podría haberse malogrado "a base de las continuas filtraciones de las que tenemos conocimiento a través de la prensa" y que "parten de la propia dirección de la Guardia Civil".
También consideró "contradictoria" la afirmación de la juez sobre la presión que el imputado pudiera ejercer sobre otros imputados para los que se pudiera decretar prisión preventiva, pues "es en este caso en el que la única oportunidad que tendría Guerrero de presionarles sería la de coincidir con ellos en prisión, haciéndose ilusa en el caso de que esté en libertad".
Igualmente, defendió la colaboración ofrecida por el imputado, que "contestó a todas y cada una de las preguntas que le fueron formuladas" durante su declaración judicial, solicitando que, de no ser estimado el recurso de reforma, Guerrero fuera excarcelado de oficio una vez se levantara el secreto sumarial.
No obstante, la juez dictó un auto el 23 de abril, consultado por Europa Press, en el que rechazaba su puesta en libertad, lo que llevó al abogado de Guerrero a recurrir en apelación ante la propia Audiencia Provincial de Sevilla, recurso en el que señaló que en la presente instrucción "hay mucho más humo que fuego".
Se da la circunstancia de que Alaya ya decretó hace un año, en concreto el 10 de marzo de 2012, el ingreso de Guerrero en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
Tras aquella decisión, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta el día 22 octubre, cuando abandonó la cárcel después de abonar 50.000 euros de fianza.