El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha vuelto a ordenar este viernes una amplía batería de diligencias en el caso de los denominados papeles de Bárcenas. En primer lugar, el magistrado ha solicitado al Partido Popular su cuenta de gastos de representación entre 2004 y 2012 y el libro de visitas de su sede central, en la calle Génova de Madrid, para comprobar las visitas que pudieron hacer los ocho constructores imputados en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B de la formación.
En un auto dictado este viernes, el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional también solicita a la tesorera popular, Carmen Navarro, los libros de contabilidad de las sedes territoriales de Galicia, Cataluña, La Rioja, Cantabria, Málaga y Sevilla entre ejercicios que van comprendidos entre los años 1997 y 2008.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número solicita esta documentación después de que el fiscal destacara que el PP "no ha remitido la contabilidad consolidada de la sede central con las de sus sedes territoriales, ni dichas cuentas han sido remitidas, al carecer de ellas el Tribunal de Cuentas".
Visitas de los constructores
Finalmente, el magistrado interesa que el Jefe de Seguridad del PP aporte a las presentes actuaciones la información de los registros de entrada – "día, mes, año y persona a visitar en su sede central de la calle Génova de Madrid en el período comprendido entre los años 2001 a 2008, de las siguientes personas: el presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica) y José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), el expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, Manuel Contreras Caro (Azvy), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (Fomento de Construcciones y Contratas) y Antonio Vilella (Construcciones Rubau).
Las nuevas diligencias, adoptadas a instancias del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, también comprenden una petición a la Agencia Tributaria para que dé cuenta de "las imputaciones de cobros y pagos realizadas por terceros al Partido Popular en los ejercicios de 1990 a 2005, ambos inclusive".
El magistrado ha ordenado practicar todas estas nuevas pesquisas al entender que "resultan pertinentes, necesarias e idóneas a los fines de la presente investigación, al objeto de indagar sobre los diferentes apuntes contables que aparecen en los soportes documentales investigados y obrantes en la presente Pieza Separada, así como de establecer las consecuencias de índole jurídico – penal que de aquellos pudieran derivarse". En este sentido Ruz avanza que se podría haber cometido un delito contra la Hacienda Pública.