Manuel Otero Fernández, juez titular del Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba, procedente del cuarto turno, declaró este martes nula la suspensión de empleo y sueldo por 3 años de un empleado público del Instituto Municipal de Deportes, Rafael Bocero Suárez, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra consignadas en la propuesta de resolución realizada por un funcionario habilitado.
El juez Otero, que llamó burros a los políticos que tomaron la decisión (que fue propuesta por funcionarios municipales), consideró un "cándido" a quien redactó insuficientemente proyectos de obras siendo perito aparejador, a quien certificó obras no ajustadas a la realidad, a quien desviaba mediciones en las obras, a quien tenía una empresa privada del mismo sector de la constructor que vio crecer sobremanera su patrimonio y a quien fue amigo y apoderado de una empresa del presidente de la patronal de la construcción de Córdoba, Luis Carreto. Fuentes del Ayuntamiento de Córdoba han reconocido a LD su perplejidad porque el poder judicial competente no se actúe de oficio contra el juez Otero por lo arbitrario de su decisión y la peculiaridad expresiva de su sentencia.
Según la documentación que obra en poder de Libertad Digital, el suspendido de empleo y sueldo, Rafael Bocero, aprobaba ficciones de proyectos, modificaba proyectos prescindiendo de los procedimientos legales establecidos, negociaba a espaldas de la administración con el adjudicatario de las obras precios que aprobaba sin la autorización del órgano de contratación, omitiendo los datos reales de la ejecución, faltando a la verdad acreditando que las obras estaban correctamente realizadas y efectuando extraños cuadres del dinero que costaron las obras.
Lo más curioso es que el propio empleado, Rafael Bocero, admitió que era cierto que que la certificación final no se correspondía con la obra realmente ejecutada y, a pesar de todo, el juez Otero consideró que los funcionarios del Ayuntamiento que instruyeron su expediente y los políticos implicados eran unos burros, "con todo el respeto para los equinos" considerándose un "indignado más", aunque no dijo por qué.
Los que sí están indignados son los funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Córdoba que han visto cómo se ha desacreditado todo su trabajo de inspección sobre las actuaciones de Bocero, quien ha reconocido numerosas irregularidades, y que ha sido calificado como un "cándido" por el Juez Otero que no ha tenido en consideración el curioso hecho de que casi todas las grandes obras en las que intervenía como Bocero eran adjudicadas a dos únicas empresas.
Recuérdese que el empleado fue sancionado por una falta muy grave relacionada con la construcción en Córdoba de un campo de fútbol de hierba artificial con fondos de la Junta de Andalucía. El considerado un "cándido" por el juez Otero era el responsable de todo el proyecto, de principio a fin: el informe inicial, la construcción y, finalmente, la certificación de lo construido y de los gastos. En el proceso fueron detectadas irregularidades cuando se presentó la documentación final ante los nuevos responsables del instituto tras las elecciones de 2011, que dieron la alcaldía al PP. Ante la detección de elementos "raros", como la petición de otros 40.000 euros para pagar al constructor, la dirección reclamó dos peritajes. En ambos, se detectó un desfase próximo a los 200.000 euros: de los 676.000 euros acreditados por el "cándido" empleado y se pasaba, en los otros dos informes, a poco más de 530.000. Estas diferencias fueron reclamadas a la constructora por el Ayuntamiento.
En el juicio que debía centrarse en las falsedades administrativas que originaron su suspensión de empleo y sueldo, el empleado confesó que se saltó pasos administrativos con el fin de no retrasar el proyecto y no perder la subvención, del 50%, de la Junta de Andalucía. Entre otras cosas, explicó que no informó de las modificaciones en las obras porque se iba "a consumir mucho tiempo".
Admitió también que su gestión estuvo lejos de ser óptima y que había "metido la pata" por intentar mediar con sus contactos entre los técnicos de la Junta de Andalucía que tenían que dar el visto bueno. Todo fue "un craso error", alegó antes de afirmar que él no se había llevado dinero alguno.
Tiene una empresa privada y boyante
Rafael Bocero Suárez es el administrador de la empresa Arqtec Sport SLP, que inició sus operaciones en 2009, precisamente mientras él seguía siendo empleado público con tareas similares a las desarrollados por la empresa. De hecho, fue técnico municipal de licencia de Obras del Ayuntamiento y él mismo reconoce en su perfil profesional que es jefe del Servicio de Planificación, Mantenimiento y Obras, que dirige directamente el mantenimiento de todas las instalaciones deportivas de la ciudad y que "realizo proyectos menores y dirijo todas las obras nuevas y de reforma de la Institución". Al parecer, tener todas estas responsabilidades públicas no impidieron que, además, desempeñase una actividad privada en el mismo sector profesional y de negocios.
En el ejercicio de 2011, siendo administrador único, declaró unos resultados positivos de 36.370 euros con un solo empleado con una facturación superior a los 120.000 euros Al parecer, es de los pocos empresarios de la construcción que no sufre los impactos de la crisis porque el año anterior declaró sólo 24.000 euros de beneficio en la cuenta de pérdidas y ganancias, 12.000 euros menos, según consta en su declaración al Registro Mercantil.
Un vestuario que ya estaba hecho
El "cándido" empleado Bocero llegó a presupuestar de nuevo el vestuario del campo de fútbol aunque ya había uno hecho. El importe que consignó para la construcción de estos vestuarios fue de 77.000 euros. Curiosamente, los vestuarios presupuestados tenían que tener las mismas dimensiones que los que ya estaban construidos.
De hecho en un informe pericial se dice: "En el lugar ubicado por el anterior campo de futbol de tierra con sus correspondientes vestuarios...", lo que indica que los vestuarios estaban ya construidos. Sin embargo, en el presupuesto, el "cándido" Bocero, en la Memoria firmada por él del año 2011 sobre el proyecto, indica con claridad que se iban a construir unos nuevos vestuarios. La misma Memoria reconoce que los vestuarios ya existían. En su página 4, Bocero escribe: "Al existir en la actualidad un campo de fútbol de albero en funcionamiento, dotado de vestuarios..."
Finalmente, según las fuentes consultadas por LD se tuvieron que hacer unos nuevos vestuarios junto a los otros para cumplir con el proyecto de Bocero que fue el aprobado por la Junta de Andalucía y evitar la oposición de la misma.
El juez "lince" y los "burros"
A pesar de todo y sobre todo a pesar de la propuesta de resolución del instructor del caso, funcionario habilitado, , el juez de instrucción sentenció el martes que la actuación del trabajador, "lejos de ser constitutiva de las infracciones que se le imputan, es más demostrativa de ingenuidad y candidez que de cualquier otra cosa". Es más, considera necesario que se ampare al "cándido" empleado. Según el juez Otero, el responsable no es el empleado, a quien ordena reponer en su puesto, sino la nueva dirección del Instituto de Deportes en el Ayuntamiento de Córdoba gobernado ahora por el PP.
Llega a decir en la sentencia que "se cumple el proverbio que dice que ‘cuando pelean los burros’, y eso es lo que da la impresión a este juzgador, que los burros se han peleado, y paga el arriero", es decir, el empleado público. Y añade: "Obligación de los burros, entiéndase con todos los respetos para con los equinos, en este caso los políticos todos, hubiera sido cumplir lo pactado, o sea, lograr la financiación de la obra de forma coordinada entre la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba" y no firmar el convenio "si sabían que no podrían cumplir". Tras repasar la historia del proyecto, lamentando cómo "lo que era prisa se convirtió en precipitación", dice que fue "el probo empleado público" quien quiso "salvar la situación".
Cuando tras las elecciones de 2011 se destaparon las irregularidades, se instruyó un procedimiento contra el empleado pero el juez, no obstante, considera que el trabajador no tiene culpa alguna porque no había "intencionalidad" de perjudicar a la administración sino "candidez".