Poco antes de esta pasada Semana Santa, tuvo lugar la ya famosa Operación Heracles en el marco del caso de los ERE. La operación, inspirada por los investigadores de la Guardia Civil que pidieron a al Juzgado de Instrucción del que es titular la juez Alaya se decretase un secreto parcial del sumario para amparar sus actuaciones, tuvo como consecuencia la detención de 20 personas y el registro de 13 domicilios y locales. Ahora, tras un sin número de presiones y tras un más que discutido comportamiento del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, la juez Alaya ha levantado el secreto del sumario, pero se duda si lo ha hecho porque considera la Operación Heracles terminada o porque así lo han exigido sus superiores.
En los últimos tiempos se han acentuado las presiones a la juez Alaya para que se dé prisa en la terminación de la instrucción de los macrocasos que investiga, que abarcan del caso Mercasevilla, al caso de los ERE pasando por el caso del Betis Balompié. Además de las ya habituales del PSOE, de la Junta de Andalucía, y de su consejero de Justicia, Emilio de Llera, ex fiscal relacionado con el caso, han sido las ejercidas por los presidentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y el del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, las más destacadas.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, además de girar una visita de su presidente Lorenzo del Río a la juez Alaya que acrecentó la inquietud sobre el caso, siguió proponiendo a la jueza que aceptase ayuda para terminar el caso cuento antes y le recordó que había imputados que llevaban tiempo sin ser interrogados a pesar de estar la Operaciómn Heracles en marcha.
Gonzalo Oliver, presidente del TS y del CGPJ, logró la unanimidad de las críticas de los jueces sevillanos cuando amenazó directamente con expedientar a la jueza por su tardanza en concluir la instrucción del caso olvidando que había muchos otros casos tan graves como el caso de los ERE(caso Astapa y otros) cuyo retraso en la instrucciones muy superior al caso de los ERE.
Ahora la juez Alaya acaba de decretar el levantamiento del secreto parcial del sumario ordenado el pasado 6 de noviembre de 2012, que fue prorrogado por todos los sustitutos de la juez Alaya cuando estuvo de baja por enfermedad. El Mundo, por ejemplo, relaciona esta decisión de la juez con las presiones recibidas aunque espera que la investigación de la Operación Heracles estuviese bien terminada.
Para ABC, la decisión tiene que ver con la solicitud de dos relevantes imputados, el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual y el dueño de Uniter, José González Mata, intermediarios de los expedientes de los ERE, del levantamiento del secreto, pues, por ejemplo, el primero entendía que «se está produciendo toda una investigación desde hace más de un año a las espaldas» de los imputados. Pero el diario de Vocento insiste en que el caso de los ERE se reactiva.
Operación Heracles: ¿fin o aborto?
Según El Mundo se trata de lo segundo ya que la Operación no ha podido terminarse adecuadamente. Se trataba, recuérdese, de averiguar el destino final de las sobrecomisiones de las mediadoras intervinientes en los ERE andaluces sufragados con el fondo de reptiles. Se trataba, por ello, de saber cuánto de ese dinero salía de la Junta y volvía a la Junta bajo diferentes formas de entregas.
La juez Alaya descubrió muchas cosas a raíz de la Operación en marcha. Quizá la más relevante fue conocer los componentes del cuarteto principal de la trama: además de Francisco Javier Guerrero, el ex director comercial de Vitalia, Antonio Albarracín; el intermediario exugetista Juan Lanzas y el dueño de Uniter, José González Mata (de Jerez, como el exconsejero en libertad bajo fianza, Antonio Fernández). Precisamente José González Mata y miembros del despacho de abogados Villasís, otra pieza del entramado, tienen pendiente su declaración ante la juez Alaya porque fueron suspendidas con motivo de la Operaciòn Heracles
No se sabe aún si con el permiso de los consejeros, Guerrero "permitió a ambas consultoras (Uniter se incorporó más tarde al negocio) unas comisiones elevadísimas", que llegaron al 20%, cuando la media del mercado se situaba en torno al 3%. Alaya se ha fijado muy bien en los siete millones que percibió Uniter como comisión en el expediente de Delphi, situada en Cádiz muy cerca de Jerez, y los 1,4 millones de Vitalia en Dhul.
Igualmente se descubrió el papel de UGT y CCOO "buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio" y a los que la juez Alaya atribuyó el cobro de más de 4,5 millones de euros en un oscuro proceso "en el que han de intervenir múltiples actores: por un lado la Consejería de Empleo, otorgando las subvenciones, y por otro las consultoras, intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial".
Alaya ya advirtió, recuerda El País, que la consultora Vitalia sobornó con cohechos durante varios años a altos cargos de la Administración andaluza, aunque sin dar nombres al margen del ex director general de Trabajo Javier Guerrero. Tras la Operación Heracles, la juez suspendió la declaración de José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y el abogado Carlos Leal, del bufete Estudios Jurídicos Villasís, ambos pendientes de comparecer en el juzgado.
No se sabe ahora, tras las presiones recibidas por la juez Alaya, si "las piezas del puzle", como ella misma definio el caso, han terminado de encajar. Se sabe que Alaya desbarató la explicación que siempre ha dado el Gobierno andaluz respecto a que los ERE garantizaron la paz social y ayudaron a 6.000 trabajadores con difícil salida laboral.
Son ya 67 los tomos que encierran la instrucción, de los que se deduce un fraude que asciende a 140 millones, repartidos entre los 50 desviados por las sobrecomisiones, las ayudas directas a empresas por 73,8 millones que concedió la Junta de Andalucía y los 17 millones que percibieron de manera ilegal los intrusos (personas prejubiladas que no trabajaron en las empresas beneficiadas). Todos estos tomos quedan ahora a disposición de los imputados.