Hacienda no se encargará de velar por la Ley de Transparencia

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que velará por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, cuyas enmiendas a la totalidad se debaten en el pleno del Congreso.

El Gobierno renuncia de esta forma -como pedía la oposición- a que sea un órgano estatal ya existente el que cumpla esa función, la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. "Siendo muy conscientes de la relevancia que la transparencia ha ido tomando en el debate público y la exigencia ciudadana, les anuncio la voluntad de transformarla en un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con los perfiles de mayor independencia y especialización que exige el espíritu de esta ley", ha afirmado la vicepresidenta.

En la intervención con la que ha abierto el debate, la vicepresidenta ha confirmado la inclusión en su ámbito de aplicación de la Casa del Rey y ha destacado que ésta será "la primera Monarquía europea en someterse a una obligación legal de transparencia". También ha aceptado la inclusión de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y entidades privadas que obtengan una financiación pública "relevante". A este respecto, ha ofrecido a la oposición un acuerdo para definir los porcentajes o cuantías mínimas de dinero público que se considera relevante.

Sáenz de Santamaría ha defendido que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen gobierno es "urgente" e "inaplazable" para que los ciudadanos recuperen la confianza en sus instituciones y en la labor de sus gobernantes.

La vicepresidenta ha reiterado la voluntad del PP y del Gobierno para consensuar durante el trámite parlamentario una norma en la que "todos puedan verse reconocidos" y ha confiado en que el capítulo de sanciones de los altos cargos, que provoca el rechazo en los nacionalistas de CiU y el PNV por la supuesta invasión competencial que supone, no sea visto como una "injerencia" de la Administración estatal en las autonómicas y municipales.

En su discurso, se ha mostrado convencida de que esta ley "marcará un antes y un después en el funcionamiento de las instituciones", y ha subrayado que no es la única reforma política emprendida por el Ejecutivo. "El cambio se impone en todos los niveles y con él un nuevo paradigma institucional que propicie la responsabilidad, la eficiencia, la flexibilidad y la transparencia", ha proclamado.

A su juicio, estas reformas deben servir para "despejar las sombras de arbitrariedad, falta de transparencia, burocracia y falta de eficiencia que en estos momentos no sólo dificultan la capacidad competitiva de España, sino que impiden a los ciudadanos reconocerse en sus instituciones".

El sí con condiciones de CiU y PNV

CiU y PNV han retirado sus enmiendas a la totalidad de la ley de transparencia tras obtener el compromiso de la vicepresidenta de "retirar la disposición que regulaba la estructura retributiva de los altos cargos de las corporaciones locales" y de "suavizar" la potestad sancionadora del ministro de Administraciones Públicas.

"La propuesta legislativa que nos ha hecho hoy nos va a inducir a retirar nuestra enmienda a la totalidad", ha anunciado el diputado del PNV Emilio Olabarría durante el debate de estas enmiendas en el pleno del Congreso. "Nos fiamos de su palabra, usted no nos ha fallado cuando se ha comprometido con determinados pactos o acuerdos políticos en esta institución", ha dicho el parlamentario vasco a la vicepresidenta.

CiU y PNV han sostenido hasta este jueves que el régimen sancionador previsto en la parte de buen gobierno de la ley es "inconstitucional" e invade las competencias autonómicas y municipales.

Ese régimen sancionador posibilitaba que el ministro de Administraciones Públicas pudiera incoar expedientes disciplinarios a los más altos responsables políticos de las comunidades autónomas por el incumplimiento de sus funciones y pudiera destituirles e inhabilitarles.

Fuentes parlamentarias han asegurado a Efe que la vicepresidenta ha acordado también con los nacionalistas "suavizar" ese aspecto.