Le crecen los enanos al ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Este miércoles los presidentes de Audiencias Provinciales de todo el país reunidos esta semana en Santander (Cantabria) han acordado solicitar a las instancias europeas –Comisión y Parlamento europeos- para que valoren si la reforma del órgano de gobierno de los jueces "lesiona" la independencia judicial.
En las conclusiones expuestas tras el Encuentro Nacional de Presidentes de Audiencias Provinciales los togados han expresado su "honda preocupación" ante la reforma legislativa en fase de tramitación parlamentaria sobre la estructura, organización y funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que puede suponer una "grave afectación de los mecanismos institucionales de garantía eficaz de la independencia judicial".
En concreto, los presidentes de las audiencias provinciales consideran que la reforma ideada por Ruz Gallardón "limita" la potestad reglamentaria y las competencias del CGPJ en acceso a la carrera judicial, medición de la carga de trabajo y estatuto profesional del juez, además de "reducir la representación de los jueces y magistrados en el órgano de gobierno".
En consecuencia, han decido trasladar este acuerdo a los Presidentes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para que "puedan valorar, a los efectos del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, si la propuesta legislativa puede lesionar gravemente las garantías de la independencia judicial que constituye uno de los pilares del Orden Constitucional Europeo –artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea".
Asimismo, trasladarán el acuerdo a los mismos efectos al Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa, al CGPJ, a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero respectivamente, así como el propio ministerio de Alberto Ruiz Gallardón.
En rueda de prensa, el vocal del CGPJ Miguel Collado y el presidente de la Audiencia cántabra, José Luis López del Moral, han apuntado que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial "puede suponer una grave afectación de los mecanismos institucionales de garantía eficaz de la independencia judicial".