La Junta admite por fin que existe un caso Invercaria
El consejero de Economía dice ahora que hay "irregularidades que se están investigando".
Tras negarlo desde su mismo principio, el informe escandaloso de la Cámara de Cuentas sobre su gestión, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, el socialista Antonio Ávila, acaba de admitir que es "evidente que existe caso Invercaria" y que hay "irregularidades que se están investigando" en la gestión de la empresa pública de capital riesgo, caso que investiga el juzgado de instrucción número 16 de Sevilla, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción.
Pero es que "el caso que no existía", recuerda ABC, acumula ya nueve imputados en la pieza relacionada con la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía ( FIVA), una de las ramificaciones del proceso judicial. El 30 de octubre pasado en una comisión parlamentaria, el mismo Antonio Ávila, defendió que "no hay caso" Invercaria e incluso acusó al PP de "montajista".
Preguntado por El Mundo sobre si la imputación de la ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz es lo que le da más entidad al caso, el consejero del ramo afirmó que que "ése es el planteamiento que se hace desde el PP" y que la Junta, "independientemente de quién sea imputado o no", seguirá colaborando como la Justicia como la hecho hasta ahora "porque queremos que este asunto se solucione cuanto antes".
Por último, en relación a si la petición de devolución que la Junta ha hecho de una subvención a Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) podría ser la prueba de las irregularidades, Ávila concluyó que la Administración andaluza pide el reintegro de las subvenciones cuando éstas no cumplen con el fin para el que fueron destinadas. "No tiene que significar nada más", aseguró, obviando que el socio mayoritario era la propia Invercaria, esto es, la propia Junta de Andalucía. La agencia pública IDEA pidió la devolución de una subvención de 231.000 euros a FIVA (donde Invercaria invirtió 1,69 millones).
Ávila negó que el caso Invercaria sea como el de los ERE, tal y como pretende el PP y añadió que la Junta está colaborando con la Justicia en el esclarecimiento de las posibles irregularidades que se hayan podido producir y que para ello ha enviado una documentación superior a los 80.000 folios. "La colaboración de la Junta es máxima, independientemente de a quien se llame como testigo o imputado porque queremos que este asunto se solucione cuanto antes", destacó Ávila, quien insistió en que el Gobierno andaluz espera que la Justicia actúe con "toda la rapidez".
Obstáculos de la Junta a la investigacion del caso Invercaria
Aunque el gobierno andaluz de PSOE e IU, que se opuso a investigar el caso, negaba que existiera caso Invercaria, el juez de instrucción número 16 de Sevilla siguió investigando las inversiones y préstamos millonarios concedidos sin control a empresas, que condujeron a unas pérdidas de más de 30 millones de euros. Eso sí, la Junta ponía obstáculos en el camino del juez. Hay una providencia de fecha 30 de noviembre de 2012 en la que el magistrado Juan Gutiérrez Casillas exige a la sociedad pública que justifique sus inversiones en 41 empresas. Dado el comportamiento negligente de la Junta en ese caso, el juez le daba un nuevo ultimátum de tres días para la entrega de la documentación. El juez pedía a la Junta "los procedimientos internos de selección de inversiones para los ejercicios de 2006 a 2008".
Ante la desidia de la Junta, el juez era taxativo y "en el plazo inexcusable de tres días" le exigió remitir esta documentación "al tratarse de información que ha de obrar en los expedientes de la sociedad".
Lo que se trataba de saber era qué criterios se siguieron, si objetivos o arbitrarios, como parecía, para apoyar con fondos públicos proyectos empresariales, la mayoría de los cuales resultaron un fiasco y algunos estaban vinculados a excargos próximos al PSOE.
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