El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, dijo en Es Noticia de esRadio que le parece "correcto y adecuado" que se les haya restablecido la escolta a los jueces de la Audiencia Nacional durante las horas que están trabajando. "Las manifestaciones ciudadanas "pueden generar desórdenes y comprometer la seguridad de los magistrados".
Llarena mostró su desacuerdo con la postura del presidente del Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, en expreso apoyo a los acosos a políticos. "Las manifestaciones en nuestro país están en el ordenamiento jurídico. Si no cuentan con autorización, los cuerpos y fuerzas de seguridad deben proceder a su disolución. Estas actuaciones invasivas condicionan la vida de las personas y deberían ser constitutivas de delito de acoso", manifestó.
Preguntado por las amenazas proferidas por Moliner a la juez que instruye el caso de los ERE falsos en Andalucía, Mercedes Alaya, Llarena explicó a qué se debe el retraso en la instrucción. "Primero por el volumen de dinero público que presuntamente se ha desviado y también por la amplía ramificación que parecer haber detrás", explicó. A esto se suman "las propias dificultades a las que se ha sometido a la juez investigadora". "Esa es la razón de la duración de la instrucción, y es lo que debería haber recogido Moliner. Que no pasen de manifestaciones desafortunadas, pero pueden condicionar el sosiego de la investigación", dijo el presidente de la APM.
En cuanto a las revelaciones de Alfonso Guerra sobre los cobros en negro del juez Garzón, dijo Llarena que "una persona que cobra en negro a partir de un nivel de ocultación puede haber cometido una infracción penal, y, por otra parte, deberían saberse los motivos que han levado a esos ingresos económicos".