El ministro de Educación, José Ignacio Wert, tiene una maratoniana semana que comenzó este martes con una batería de preguntas, hasta siete, en el Senado. Todos los grupos de la oposición arremetieron contra la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que se aprobó el pasado viernes en Consejo de Ministros.
Incluso algunos de ellos, como el de CiU o el PSC, exigieron al ministro que retire el anteproyecto de ley. Precisamente estos senadores fueron los más duros a la hora de criticar la reforma educativa, a la que tacharon de "golpe de Estado" o de "atentado".
El senador de la Entesa, Rafael Bruguera, preguntó directamente al titular de Educación si tiene previsto "retirar la LOMCE", a lo que éste contestó con un tajante no. Bruguera replicó entonces que esta ley "es un ejemplo más de las contrarreformas que se impulsan desde el Gobierno". Todas ellas "regresivas e ideológicas", sentenció. "En el caso de la LOMCE, estamos ante una reforma innecesaria porque responde sólo a motivos ideológicos", ha dicho. Ante esto, Wert le preguntó "qué tipo de cataclismo" es necesario para aceptar una reforma educativa cuando España tiene abandono escolar prematuro del 25 %, un 37 % de repetidores a los 15 años y un 57 % de paro juvenil.
Bruguera no se detuvo en este aspecto, pero sí añadió después que este anteproyecto de ley es "inconstitucional" y supone "un golpe de Estado democrático a nuestro sistema educativo". Y reiteró: "Retiren esta ley por el bien de la educación de este país".
De "golpes de Estado" y "atentados"
Por su parte, el senador de CiU, Ramón Alturo Román, escenificó su abatimiento: "No hay adjetivos para calificar la ley". Y le dijo a Wert que son ellos los que "tienen una obsesión con la lengua catalana". "Cataluña ha acogido un cincuenta por ciento de población no nacida en ella y hemos conseguido ser un pueblo con dos lenguas. Nunca ha habido ningún problema. Usted genera un problema donde no lo hay". Así, Alturo incidió en que la reforma educativa es "un golpe de Estado a la inmersión lingüística y por tanto un atentado a la cohesión". Por lo que le recomendó a Wert, al que ha llamado "mal profesor", que "coja su proyecto de ley y vuelva a empezar".
José Ignacio Wert, si bien reconoció que "es legítimo preocuparse por la lengua cooficial", recordó a los diputados catalanes que su comunidad ha sido la única que ha implantado en este sentido un sistema "exclusivo". El titular de Educación insistió en que el anteproyecto de ley se limita a establecer "un mecanismo de garantía" para que se cumpla lo que el Tribunal Constitucional ha instado en sus sentencias. Y subrayó: "Es un problema de libertades. Me da igual que sea de uno, de diez o de cien mil porque seguirá siendo un problema de libertades". Y pasó la pelota al tejado de la Generalidad: si "es capaz" de ofrecer una "fórmula que garantice la libertad, le prometo que la incluiremos".
"Está solo y esta ley no tiene futuro"
Sobre aspectos concretos de la ley, el ministro negó que se rompa la prevalencia de la enseñanza pública y defendió que el sistema de escuela concertada funciona "razonablemente bien": no había sido cuestionado por los socialistas hasta ahora. Así contestó al senador del PSOE Francisco José Álvarez de la Chica, quien lo acusó de querer convertir la educación pública en un "bonsái".
Asimismo, Wert defendió la posibilidad de concertar la educación diferenciada por sexos, una opción minoritaria en el conjunto del sistema escolar, siempre que respete las condiciones que fija la Unesco y no perjudique las oportunidades educativas de chicos y chicas.
Por su parte, el senador socialista Vicente Álvarez Areces acusó al ministro de "mentir" en el Parlamento sobre la realidad de los "recortes" educativos y de esconderse detrás de "trucos semánticos", a lo que Wert replicó que las reducciones presupuestarias las toman las comunidades en función de sus competencias. "Está solo, esta ley no tiene futuro y ha generado rechazo generalizado; atienda más a la calle y a este Parlamento", lo instó el senador socialista.
Y es que el debate en el Senado giró en torno al poco consenso político y social que esta ley suscita. El ministro, si bien recordó que la anterior ley de educación socialista contaba con menos apoyos – puesto que el PSOE contaba entonces con menos diputados que el PP –, reconoció no estar "satisfecho con ese nivel de consenso" y menos para una ley educativa. Por lo que ha anunciado un calendario de reuniones "informales y formales" del Grupo Popular con el resto de fuerzas políticas, pero, avanzó, "los pilares" de la reforma son "irrenunciables".