Y ahora, se trata de saber quién estuvo materialmente detrás de la decisión y todo apunta a Marta Rueda, la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, cargo de confianza del consejero Antonio Ávila Cano, mano derecha de José Antonio Griñán en el área. Ha sido la secretaria de Rueda la que ha confirmado ante el juez que fue la Junta la que fraguó el listado de cargos afines al PSOE que debía usarse para cubrir puestos en una operación sectaria y partidista.
María del Mar Martín Moreno, secretaria de Rueda, declaró ayer en calidad de imputada de la secretaria de la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, Marta Rueda, tras reconocer que el polémico documento se elaboró con información facilitada por esta dirigente autonómica. Su testimonio acaba con la versión de la mayoría de miembros de la Junta que han declarado que no reconocen el documento porque carecía de membrete de la institución.
El pasado mes de abril, el juzgado de Instrucción numero 3 de Málaga llamó a declarar en calidad de imputada a María del Mar Martín Moreno, secretaria de la delegada de de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Marta Rueda, por haberse enviado desde su ordenador un escandaloso documento que recogía datos de 180 directivos de diferentes delegaciones de la Junta y empresas públicas andaluzas en un listado que informaba sobre si el directivo de turno era afiliado al PSOE o no y si era merecedor de promocionar según su afecto por el PSOE.
Pero además también ofrecía datos para que el receptor del mismo pudiese identificar a determinadas personas como afines o no al PSOE antes de proceder a su "ascenso". Aunque siempre han existido sospechas e incluso denuncias sobre el sectarismo enchufista del PSOE en la Junta de Andalucía, era la primera vez que tenía prueba fehaciente del procedimiento, una especie de "manual del sectarismo socialista". El hecho fue denunciado por CSIF y ahora el juez da impulso a la instrucción con esta citación.
Los hechos fueron denunciados en julio de 2012 pero se reactivaron tras la denuncia de CSIF y se llamó a declarar a la mismísima delegada de la Consejería en calidad de imputada lo que ya en principio hizo pensar que el juez instructor creía que hay relación directa entre el ya famoso listado y la Junta de Andalucía, relación ayer confirmada.
Un documento sectario
En el documento denunciado se encontraban los nombres de algunos cargos orgánicos dentro de la ejecutiva socialista de Málaga e incluso se recurría al parentesco para referirse a una persona: "Marido de ..." o "compañera de Empleo de partido”. La difusión de la existencia de este informe, supuestamente elaborado en las altas esferas de la Delegación Provincial Economía, Innovación, Ciencia y Empleo provocó que algunos de esos altos cargos preguntasen a la CSIF si eran agraciados con un "promociona”.
De las 180 personas, 23 personas eran consideradas "promocionables" y de ellas, 13 eran afiliadas al PSOE, como se anotaba junto a sus nombres para que se tuviera consciencia de ello. Segun ABC, de otras tres no constaba esta información porque se suponía que no se había podido averiguar, pero había otras cinco que junto al "Sí" en la columna de afiliación, entre paréntesis, se especifica "promociona" o “promocionar”. En el documento aparecían las secretarías generales de las distintas delegaciones, puestos de coordinación, jefaturas de servicio y direcciones locales de algunas agencias y empresas públicas. Su exhaustividad era tal que, además del personal de las distintas delegaciones, también recogía datos de trabajadores del Distrito Sanitario Málaga, la Unidad Transitoria de Aguas y la Dirección General Cuenca Mediterránea Andaluza.
El listado de "enchufables" o "promocionables" vio la luz en vísperas de que la Junta diese a conocer las personas que ocuparían las delegaciones provinciales de las diferentes consejerías. Una decisión que el proceso congresual que vivió el PSOE fue demorando, a pesar de que hacía más de diez semanas de que se constituyó el nuevo Gobierno andaluz.
La delegada provincial incluso fue promocionada en su partido después de conocerse estos hechos y en la actualidad es secretaria de Relaciones Institucionales del PSOE malagueño y una persona muy vinculada al secretario general provincial, Miguel ángel Heredia.
Fue tras las elecciones autonómicas de marzo de 2012 y después de la reelección de Miguel Ángel Heredia como secretario general del PSOE en la provincia malagueña, cuando se filtró este listado con nombres de funcionarios de todas las delegaciones del Gobierno andaluz en Málaga afines al Partido Socialista, indicando incluso, en algunos casos, los que eran "promocionables".
La secretaria, ¿chivo expiatorio?
La comparecencia de la secretaria de Rueda ante el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, acusada de un delito de revelación de secreto, se ha producido a raíz de la denuncia que interpuso la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) al considerar que el listado suponía una discriminación de los trabajadores en función de su afiliación política y vulneraba el derecho a la protección de datos; además, de obviar los principios de igualdad, mérito y capacidad como sistema de promoción profesional.
"Según ha reconocido la única imputada en el caso, el documento no sólo existe, sino que partió de la Delegación territorial, en contra de lo defendido hasta ahora tanto por la Administración como por el PSOE", informó la CSIF en un comunicado.ABC añade que la trabajadora aseguró ante el juez instructor que el listado era un "documento privado" de Rueda y que ésta le pidió que “se lo guardara por si más adelante lo tenía que utilizar”.
La secretaria Martín Moreno afirmó además que el listado se elaboró con información recogida de correos electrónicos por indicación de Marta Rueda sn que se supiera la procedencia de los datos. Primero recibió las columnas "Puesto" y "Nombre" y luego elaboró, con “las notas que le había aportado” Marta Rueda, la columna “Afiliado”. Insistió en que desconocía “para qué iba a ser empleado dicho documento”.
CSIF Málaga ya consideró necesario que se investigase "una posible implicación de Rueda en la elaboración del listado", así como "el procedimiento utilizado para ‘marcar’ a los funcionarios de las distintas delegaciones provinciales y su objetivo". El sindicato agradeció "la colaboración con la justicia" de la secretaria y espera que no termine siendo "cabeza de turco en el caso".
La actuación de la Junta
Lo primero que extraña es que la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía, no haya detectado "la más mínima infracción administrativa en lo que el juzgado ve un posible delito". La CSIF también llevó el listado igualmente ante la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD), ya que podría atentar contra el derecho a la intimidad.
Tras un silencio ominoso, se apostó por el argumento de que el listado era un documento interno sin membretes, sin firmas, sin ningún sello y por ello, carente de validez. Tanto el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, como la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, aplaudieron esta tesis.
"La Junta de Andalucía está tratando de buscar el mejor organigrama", dijo la propia Rueda, pero luego se abonó al discurso de que el informe carecía de validez.
Ahora, gracias a su secretaria, se sabe que el informe era suyo y todo el discurso de la Junta se viene abajo. Por ello, destaca El Mundo, el sindicato CSIF,pedirá la imputación de la delegada Marta Rueda, una vez que, "según ha reconocido la única imputada en el caso, el documento no sólo existe, sino que, además, partió de la Delegación territorial, en contra de lo defendido hasta ahora tanto por la Administración como por el PSOE en Málaga.
Por ello, considera necesario que se investigue "una posible implicación de Rueda en la elaboración del listado", así como "el procedimiento utilizado para ‘marcar’ a los funcionarios de las distintas delegaciones provinciales y su objetivo".