El Congreso debate el martes declarar el 18 de julio día contra el franquismo

El pleno Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes una proposición de ley de la Izquierda Plural que propone declarar el 18 de julio como día oficial de condena de la dictadura franquista. Esta fecha se produjo la sublevación militar contra el Gobierno de la República que condujo a la guerra civil.

El texto de la proposición de ley destaca que en España sigue pendiente un debate público y profundo sobre las "violaciones sistemáticas de los derechos humanos y sobre los crímenes cometidos bajo la dictadura de Franco". "Aún no se ha llevado a cabo un inventario completo de las vulneraciones de los derechos humanos cometidas durante casi 40 años", denuncia.

La iniciativa resalta además que el franquismo, "en su larga y cruel historia" nunca dejó de recordar quienes fueron los vencedores y vencidos de la guerra por medio de un sistema de represión que se mantuvo constante desde el principio hasta el final de su existencia. "La concepción de exterminio del adversario político se concibió ya desde el principio de la Guerra Civil -una vez fracasado el golpe militar de Estado- hasta bien entrados los años 40", relata.

También proponen erigir monumentos

Además de dedicar el 18 de julio a las víctimas de la Guerra Civil y la represión, la Izquierda Plural propone que el Gobierno, en colaboración con las administraciones autonómica y local, promueva que se erijan monumentos en su memoria en todas las capitales.

No es ésta la única iniciativa de la Izquierda Plural sobre la memoria histórica que se debatirá esta semana en el Congreso de los Diputados. El miércoles, durante la sesión de control, el grupo parlamentario interpelará al Gobierno sobre la supuesta paralización y el incumplimiento durante el actual Ejecutivo del PP de las medidas previstas en la Ley de la Memoria Histórica.

Precisamente, en una reciente respuesta parlamentaria, el Gobierno informaba de que hasta la fecha se habían retirado 570 vestigios o símbolos franquistas de edificios de la Administración General del Estado, exactamente la misma cantidad que hace dos años.

En su interpelación, la Izquierda Plural destacará la "gran preocupación existente" entre las asociaciones de memoria histórica y entre la ciudadanía y las víctimas de la represión franquista por esta paralización y el "incumplimiento generalizado" de la ley.

Recuerda también la orden del Ministerio de Asuntos Exteriores que en diciembre de 2009 declaró ilegítimas las sanciones impuestas a los diplomáticos leales a la República, así como las resoluciones del Congreso y el Senado de 2011 que pidieron el cese de la difusión del polémico Diccionario Bibliográfico Español de la Real Academia de la Historia.