La vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana Corredera, exigió el jueves al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que diga todo lo que sabe sobre el caso de la empresa pública de capital riesgo e Inversión -Invercaria- sobre todo, cuántos y quiénes en la Administración autonómica están contratados a dedo y sin la titulación necesaria.
La declaración del exdirector financiero de Invercaria, Antonio Nieto Garrido, ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, en la que reconoció que ni tenía titulación universitaria ni sabía siquiera en qué consistía el capital riesgo, ha motivado la reacción del PP.
Corredera calificó como un "espectáculo bochornoso" que desde que "saltara" el caso Invercaria a los medios de comunicación y a la Justicia los máximos responsables del Gobierno "socialcomunista" de Andalucía lo hayan estado negando y exigió al presidente que, mejor que "tanto hablar de transparencia", se la aplique y diga qué conoce de la gestión de esta entidad pública.
Otro exconsejero en la picota
Corredera recordó que el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, señaló como responsable al ex consejero de la Junta, Francisco Vallejo, como quien "estaba al tanto de todas la decisiones".
El jueves, en su declaración, el presidente de Novasoft, la empresa encargada del software de FIVA que nunca existió, señaló igualmente al ex consejero Vallejo como inspirador de todas las operaciones y especialmente, de la que llevó a Invercaria a contactar con él. El PP andaluz ha pedido la comparecencia parlamentaria de Vallejo y espera que el gobierno del bipartito de izquierdas no la impida.
Sin titulación
El jueves se creía que Pérez Sauquillo y Nieto Garrido eran simplemente amigos relacionados por un familiar. Poco después se supo que ambos mantienen vinculación en tres empresas privadas: Senatius SL, Cartom Urbana SL y Juana Martín Andalucía SA.
Coincidieron en la empresa Senatius SL, emplazada en Madrid, sin actividad según el Registro Mercantil. Nieto Garrido sustituyó a Pérez-Sauquillo como administrador el 22 de junio de 2005.
También se unen en la promotora inmobiliaria Cartom Urbana SL, donde Nieto, mientras era director financiero en Invercaria, era y es administrador único de esta constructora. Curiosamente la única trabajadora que ha tenido la empresa se llama María Salud Pelayo Borras, la esposa de Pérez-Sauquillo.
A pesar de la crisis financiera, la sociedad adquirió 33 fincas urbanas obteniendo un notable incremento patrimonial, aspecto que subraya ABC. El activo total de la empresa se disparó un 92,09 por ciento entre 2006 y 2007, a la vez que se ponía en marcha la empresa FIVA, presidida por Tomás Pérez-Sauquillo, a la que Invercaria desvió "ingentes cantidades de dinero, a pesar de conocer que se trataba de un proyecto completamente fallido", según el atestado policial. El expresidente de la sociedad pública se quejó en su declaración de haberse mermado sus ingresos y patrimonio.
Sauquillo y Nieto eran socios asimismo en el consejo de administración de Juana Martín Andalucía SA a la que beneficiaron con un préstamo participativo de 680.000 euros.
El presidente de Novasoft
Medalla de Oro de Andalucía, el presidente de Novasoft, Francisco José Barrionuevo, dijo el jueves al juez que asistió a un cóctel y allí mismo fue seleccionado sin criterio alguno por el ex consejero Vallejo, porque había otras empresas capacitadas, para hacerse cargo del contrato para el software de FIVA con Invercaria. Eso sí, Novasoft dio un millón a la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía antes de obtener el contrato con la Junta.
De la declaración de Barrionuevo se extrae como consecuencia que durante un cóctel en un acto de la Consejería celebrado en 2006, el año en que se puso en marcha FIVA, el propio Vallejo le comentó el proyecto, que consistía en organizar ferias virtuales de empresas, y le avanzó que el expresidente de Invercaria, que lo era también de FIVA, Tomás Pérez Sauquillo, lo iba a llamar.
Es notable que Invercaria eligiera a Novasoft y no a la empresa pública Sadiel, con la que trabajaba. Tal vez el hecho de que Novasoft hubiera dado más de un millón de euros para la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), tuvo algo que ver. Promovida en 2005 por la Junta de Andalucía y por un grupo de empresas comprometidas con la innovación, la Corporación nació con el propósito de favorecer la transferencia de conocimiento entre las Universidades y el tejido empresarial.
La empresa FIVA encargó a Novasoft, uno de los socios de FIVA, la elaboración de un software para el portal virtual de ferias e Invercaria le entregó unos 700.000 euros por un sotfware que estaba «defectuoso e incompleto».
El caso Moya Angeler
El entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves dijo que la constitución de la Fundación era la mayor alianza por la innovación y la investigación tecnológica entre universidades, empresas y sector público impulsada en España. De los 84 millones de capital inicial, 42 correspondían a las aportaciones de los patronos del sector privado y de las entidades financieras, a millón por barba. Los otros 42 millones los invertirá la Junta a través de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea). Entre los patronos están Airbus y EADS-CASA (sector aeronáutico); Covap, Grupo SOS y Heineken (agroalimentario); Ciatesa y Grupo Cosentino (auxiliar de la construcción); Arenal 2000, Azvi, Grupo García Arrabal, Prasa, Sando y Solurban (construcción y promoción inmobiliaria); Cepsa, Endesa, Iberdrola e Isofotón (energético); Grupo MP (industrial y de servicios); Bluenet, Cetecom, Indra, Novasoft, Sadiel, Telefónica y Vodafone (telecomunicaciones, TIC y tecnológicas) Laboratorios Rovi (farmacéutico); Persán (químico); Atlantic Copper (metalúrgico), CAF-Santana (transportes) y Abengoa, Acciona, Gamesa y Gea 21 (multisectoriales). Añádanse nueve entidades financieras como Caja Granada, Caja de Jaén, Caja Rural del Sur, Caja San Fernando, Cajamar, Cajasur, El Monte, Unicaja y el Grupo Santander y se tiene un cuadro general al que hay que unir a UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía.
Pero con el dinero público llegó el escándalo. Joaquín Moya-Angeler, conocido empresario, expresidente de IBM España y del Grupo Leche Pascual, presidente de la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía propiciada y financiada por la Junta de Andalucía, accionista de Tagua, la sociedad gestora de capital riesgo que preside Felipe González y miembro del consejo rector de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía, usó el dinero que recibió del Estado para investigar en construirse un edificio para su empresa que posteriormente alquiló.
Como publicó en exclusiva Libertad Digital en 2012 una de sus empresas, Red Tecnológica de Servicios de Asistencia Sanitaria S.A. (Redsa), recibió del Ministerio de Ciencia e Innovación 4,8 millones de euros para instalarse en el Parque Tecnológico de Málaga. Con ese dinero se construyó un complejo de oficinas y se lo alquiló a otra empresa, Indra, para la que trabajó hasta junio de 2010. Además, la Junta de Andalucía le concedió para el mismo fin más de 1,6 millones de euros que, al parecer, no llegó a recibir por incumplir sus objetivos de trasladar su empresa de Madrid a Málaga.