Juan Hidalgo, gerente de EPSA en Granada, ha dicho en un periódico regional llamado Diagonal que “no podemos permitir ni jalear la actitud de patada en la puerta; pasado mañana puede ser tu vivienda o la de otra persona. Todos debemos ser prudentes y hay que ceñirse al marco legal”. Contrasta esta actitud de un miembro del cuadro directivo de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía con el mensaje "antidesahucios" de la Consejera Elena Cortés.
Como es sabido, Cortés ha querido presentarse ante la sociedad como defensora de los que sufren desahucios por impagos y ha impulsado un decreto que ampara la expropiación de viviendas a los bancos e inmobiliarias que pretendan desalojar a los vecinos que no puedan pagar la hipoteca y corren riesgo de exclusión social.. Pero, al parecer, tal fervor por los desahuciados no lo es tanto cuando se trata de recuperar viviendas que son propiedad de la Junta aunque en las mismas estén residiendo viudas, jubilados o familias sin recursos que han optado por convertirse en okupas.
Bloques enteros propiedad de la Junta, vacíos
El periódico ha denunciado que aunque la consejera Cortés y la Junta de Andalucía afirman que no tienen viviendas vacías” salvo en los casos en que motivos como fallecimiento o mudanza del inquilino lo producen puntualmente, a principios de abril varias familias entraban en un bloque de viviendas desocupadas propiedad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA).
El edificio, construido hace menos de dos años y en perfecto estado, cuenta con cuatro plantas y cerca de una veintena de pisos, de los cuales sólo tres o cuatro están habitados de forma legal. Está situado en el barrio granadino de Almanjáyar (conocido como “el polígono”), caracterizado desde su creación a mediados de los ’60 por ser un auténtico gueto donde imperan la exclusión social, la falta de servicios y la delincuencia, principalmente el tráfico de drogas. Según la fuente que se consulte, la tasa de desempleo oscila actualmente entre el 70 y el 90%. Tal y como aparecía publicado en El País en su edición del domingo 12 de mayo, esta zona es uno de los barrios donde la Junta ha acometido "planes de rehabilitación integral" que completan "la labor urbanística con un trabajo socio-comunitario".
La gente que ocupa estos pisos vacíos de la Junta y a los que la Junta quiere expulsar son dos hermanos en paro, la pareja de uno de ellos en el paro y embarazada y sin ingresos. Otra de las familias que ocupan el edificio es otra pareja en paro y con dos hijos. Tras dormir en coches y portales decidieron ocupar los pisos vacíos de la Junta.
“Hay muchos más pisos vacíos de la Junta en este barrio, bloques enteros”, comentó uno de los ocupantes. “La gente los ocupa para vivir. También hay personas que entran a robar, las casas están vacías y hay mucha gente en la calle que las necesita”, relataba un joven el joven, quien afirmaba además que los ocupantes de las viviendas están conservándolas y limpiándolas.
Pero poco después de entrar en las casas, recibieron la visita de la policía nacional, que les identificó. También les visitó un representante de EPSA, las empresa pública de la Junta perteneciente a la Consejería de Fomento y Vivienda, quien les advirtió de que estaban “robando”.
Varias de las familias implicadas contactaron con el grupo de Stop Desahucios del 15M de Granada, que desde entonces ha intentado buscar una solución. No se niegan a pagar pero quieren que los alquileres se correspondan con los ingresos. La Consejería regentada por Cortés advirtió de las consecuencias judiciales de la ocupación y exigió a las familias que entregasen las llaves. Varias lo hicieron pero denunció a alguno de ellos por delito de usurpación.
La Junta no quiere negociar con sus okupas
Juan Hidalgo, gerente de EPSA en Granada, ha dicho ahora que la Consejería no dijo que no tenga viviendas vacías y reconoció que EPSA, “como cualquier otro constructor”, tiene viviendas vacías, dedicadas a obtener beneficio a través de venta y alquileres a precios de mercado, construidas “con recursos, incluidos de la banca, que hay que pagar”. EPSA es titular de 51.000 viviendas de un total de 81.000 dependientes de la Junta de Andalucía.
Hidalgo, encargado por la Junta del conflicto con las familias de Almanjáyar, no quiere negociar nada con los "okupas" porque hay gente que hace de la vivienda “un medio de vida ilegal, con un uso fraudulento".
Por su parte, Stop Desahucios ha convocado una concentración este miércoles 15 de mayo a las 9.30 frente a los juzgados de La Caleta, para apoyar a una de las acusadas por la Junta.
El Mundo publicó hace unos días que la Junta había intentado desahuciar en la provincia de Cádiz a tres viudas y tres jubilados. Entre estos últimos está un antiguo peón de carreteras que ocupa, como el resto de los afectados, una de las viviendas que antes pertenecían al antiguo Ministerio de Obras Públicas y en la actualidad son propiedad de la Junta.
Rafael Carbajo, al que se le ha notificado el lanzamiento a instancia de la Consejería de Fomento y Vivienda, vive en esa casa desde hace veinte años, y ha recibido la notificación dos décadas después de jubilarse. Las otras cinco personas que están en sus mismas circunstancias desconocen aún la fecha en la que tendrán que salir. Carbajo admite que la ley no le ampara, pero lamenta que a la Junta “le ha dado por mí”.
El delegado territorial de la Consejería en Cádiz, Manuel Cárdenas (IU), afirma que la vivienda está destinada al uso de los trabajadores del servicio de carreteras, y que Carbajo ya no vive en esa casa, ubicada en el término de el Puerto de Santa María, sino en Cádiz, donde está empadronado.