La Fiscalía pide más de 1.500 millones de fianza a los directivos de Vitalia

Vitalia es la consultora más beneficiada por el fondo de reptiles y el tráfico ilegal de intrusos, comisiones y ERE en Andalucía. La instrucción de la juez Alaya ha señalado a seis directivos de Vitalia como responsables, en parte, del tinglado y ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de más de 1.500 millones para todos ellos. En realidad son 1.544 millones que tienen como fin la compensación de los daños causados a la Hacienda Pública andaluza antes que evitar la prisión preventiva, que sufren, por ahora, tres de ellos. Los otros tres, asimismo imputados, se encuentran en libertad con cargos. Los abogados defensores consideran excesiva la cifra porque supera el dinero abonado a los "intrusos".

Las fianzas más altas impuestas hasta ahora en el caso de los ERE fueren las exigidas al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, con 807 millones de euros y al ex director general de Trabajo Javier Guerrero con 686 millones.

Con motivo de las Operación Heracles, la Guardia Civil detuvo a los seis exdirectivos y Alaya los acusó de delitos continuados de cohecho, malversación y prevaricación y asociación ilícita, entre otros. Según la juez, Vitalia había corrompido de manera continuada a altos cargos de la Junta de Andalucía con los que había complicidad.

La magistrada subrayó la capacidad de Vitalia para "presuntamente corromper de manera continuada a cargos de la Administración autonómica, habiéndose acreditado indiciariamente hasta el momento, el caso del Sr. Guerrero". De este modo, la juez Alaya avanzaba una corrupción promovida desde Vitalia gracias a la connivencia de cargos de la Junta.

En la sesión del miércoles, la juez Alaya debía establecer las medidas cautelares por la responsabilidad civil de los acusados: Eduardo Pascual, María Vaqué, Antonio Albarracín y su esposa María José Marcos, Jesús Bordallo y Roser Massa.

Para cuatro de ellos, Pascual y Vaqué, ambos imputados también en el caso Eurobank , el ex director comercial Antonio Albarracín y el delegado en Andalucía Jesús Bordallo, la fiscalía ha solicitado la misma fianza: 258 millones de euros, la cantidad que la Junta abonó a las aseguradoras Generali y Fortia Vida por pólizas intermediadas por el grupo Vitalia, más un tercio de la suma previsto por ley.

Anticorrupción, precisaba El País, aclaró que a ese dinero habrá que sumar más adelante las pólizas de la aseguradora Apra Leven, también propiedad del grupo Vitalia, pero que aún no han sido cuantificadas. Eso sí, la fiscalía ha avanzado que hay 21 millones en sobrecomisiones datadas por la Dirección General de Seguros. "Estas sobrecomisiones han permitido el enriquecimiento ilícito, no solo del imputado y del resto de personas a las que se refiere la presente comparecencia, sino de otros agentes, sociedades y entidades que están siendo objeto de investigación", reza el acta de la audiencia, bajo secreto de sumario, respecto a Albarracín.

El Fiscal cree que Bordallo jugó "un papel relevante" en relación con los intrusos, que supusieron un pago ilegal por parte de la Junta de 2,6 millones. Para Massa, administradora de sociedades del grupo Vitalia, la fianza se fijó en 161 millones, resultado de los 120 millones tramitados a través de las firmas que administró. Asimismo, la fiscalía ha fijado la fianza de la mujer de Albarracín, María José Marcos, en 5,2 millones gracias a la facturación de la sociedad Permar 21, que el matrimonio creó supuestamente a espaldas de Vitalia para acaparar más beneficios.

Las defensas pidieron a la juez que por un "criterio elemental de prudencia" debería ignorar la petición de 258 millones y atenerse a la cifra de 2,6 millones relativa a los intrusos. Anticorrupción ve "ilícitas" todas las primas que la Junta pagó a las mediadoras. En cualquier caso, la instructora dejó pendientes varias declaraciones que se derivan de la propia operación policial, como la del abogado de Estudios Jurídicos Villasís Eduardo Leal y el dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata.

La presión a la jueza viene ahora del TSJA

El próximo día 14 de mayo habrá encuentro entre la juez Alaya y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río. El motivo es que se van a cumplir los dos meses que le dieron para que informase sobre las medidas de apoyo a su juzgado.

Al parecer, del Río está disgustado porque la magistrada no ha presentado aún el informe que le pidió el TSJA el pasado 12 de marzo, cuando accedió a su solicitud de seguir instruyendo ella misma las cuatro macrocausas de su juzgado pero le pidió que informase periódicamente, y en un plazo no superior a dos meses, de la efectividad de las medidas.

Recuérdese que a la vuelta de su enfermedad la juez Alaya se encontró con dos jueces de apoyo, Rogelio Reyes y Ana Rosa Curra, y que una de las opciones barajadas era el reparto de las cuatro macrocausas del juzgado: los ERE, los dos sumarios de Mercasevilla y las diligencias por la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis. Pero juez Alaya se opuso a dejar el control de todas ellas y la Sala de Gobierno del TSJA accedió el 12 de marzo a su petición de seguir investigando las macrocausas y acordó que Reyes siguiese como magistrado de apoyo para asumir los asuntos de trámite del juzgado. Pero el TSJA dejó claro a Alaya  que no quería dilaciones y exigía información periódica de la marcha del caso.