El boicot de la izquierda puede dejar sin cobrar a funcionarios municipales de Leganés

El Ayuntamiento de Leganés se enfrenta a una situación que fácilmente puede llegar a ser límite: con unos presupuestos prorrogados, el bloqueo en el pleno de algunas modificaciones necesarias para hacer frente a pagos urgentes podrían llevar al consistorio a no poder atender facturas de sus proveedores o incluso las nóminas de sus trabajadores.

Lo más paradójico de la situación es que el Ayuntamiento tiene el dinero necesario para afrontar esos pagos, sin embargo no podrá hacerlos de no aprobarse la modificación presupuestaria de tres millones de euros que los grupos de la oposición, PSOE, IU y la candidatura local ULEG, bloquean en el pleno municipal.

Para desbloquear la situación los tres grupos han presentado varias exigencias: la readmisión de 38 trabajadores interinos cuyo contrato no se renovó hace meses, a la que el alcalde Jesús Gómez se ha mostrado dispuesto; la reapertura de dos colegios públicos que no tienen suficiente demanda, que no depende del Ayuntamiento sino de la Consejería de Educación de la CAM; y, sorprendentemente, que vuelva a contratarse al antiguo jefe de la Policía Municipal de la ciudad, que estaba imputado por delitos de tráfico de influencias y falsedad documental. Este último punto se ha solucionado a sobreseerse la causa en primera instancia.

Sin readmisiones, nóminas, piscinas ni bomberos

En la última votación en pleno de esta partida presupuestaria, la tercera, IU había anunciado su apoyo a la modificación, pero a última hora retiró este apoyo con la excusa de que los sindicatos se habían opuesto, extremo que negaron CPPM y CSIF, pero no CCOO y UGT.

Según una circular del departamento de RRHH del Ayuntamiento, la modificación presupuestaria permitiría atender a una serie de cuestiones esenciales: la readmisión de los 38 interinos que dicen defender los grupos de la oposición, la contratación de 20 bomberos que se están seleccionando, el pago de horas extras atrasadas en la policía municipal y, en otro orden de cosas, la apertura de instalaciones deportivas municipales y, muy especialmente, las piscinas en verano.

Mientras tanto, los vecinos están empezando a sufrir las consecuencias del bloqueo de la oposición: la piscina cubierta municipal se tuvo que cerrar porque no había fondos para gasóleo de calefacción y, de no solucionarse el problema, el próximo día 31 de mayo se cerrará el Polideportivo de la Fortuna, lo que acarreará el despido de una treintena de trabajadores de la empresa concesionaria.

Poniendo en peligro miles de empleos

La situación de bloqueo se da en otra cuestión municipal en la que la estrategia estrictamente política y cortoplacista podría poner en riesgo la creación de hasta 4.000 empleos directos e indirectos.

Se trata de la ampliación de Leganés Tecnológico, el parque industrial de la ciudad en el que se espera la instalación de grandes empresas como Casbega –la distribuidora de Coca Cola en España-, El Pozo u otras firmas que ya han mostrado su interés.

De nuevo el asunto resulta paradójico porque el proyecto se aprobó en el pleno municipal el pasado mes de junio, pero ahora se bloquea una modificación solicitada por el gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif. 

Si no se completa el plan se pondría en riesgo la operativa de Casbega, se haría imposible la instalación de El Pozo, lo que supondría perder una inversión de hasta 28 millones de euros y 500 empleos directos. Además, se podrían generar hasta 400 millones en deudas, 160 de los cuales tendría que asumir el propio ayuntamiento, por las indemnizaciones a propietarios de los terrenos.

"No hay razones objetivas"

En conversación con este periódico el alcalde de Leganés, Jesús Gómez, ha destacado que no hay "razones objetivas" para el bloqueo institucional de la oposición. El regidor ha recordado además que uno de los temas que se está frenando, el desarrollo de un parque industrial Leganés Tecnológico, "que había sido aprobado por unanimidad en todas las fases anteriores".

Según Gómez, es la propia intervención municipal la que obliga a la aprobación de la modificación presupuestaria: "Primero hay que pagar la deuda, después garantizar las nóminas de los trabajadores y después vendrá lo demás", ha dicho en referencia a la contratación de 38 interinos que exige la oposición y que el alcalde está dispuesto a afrontar. Además, asegura que "no me puedo creer" que por esas demandas "se comprometa el desarrollo de la ciudad, los puestos de trabajo de decenas de personas y que muchos cobren sus nóminas".

"Está muy claro que el interés principal no son los interinos ni los colegios, es quitarme de en medio –asegura el alcalde- pero no me oy a suicidar, no por apego al cargo sino porque tengo un compromiso con los vecinos que me han votado". Gómez cree que buena parte de lo que está sucediendo se debe a la animadversión personal del líder de la ULEG, Carlos Delgado, que llegó a prometer en un pleno municipal que no apoyaría nada que pudiese entorpecer su objetivo de acabar con el alcalde: "Nosotros no vamos a querer ni ahora ni nunca que ese señor que está ahí enfrente, el señor Jesús Gómez sea alcalde de esta ciudad, y si con algunas de nuestras actuaciones vamos a facilitar que ese señor siga de alcalde en Leganés, ya cuenten de ahora y en adelante, siempre, con nuestro voto en contra".

La campaña contra Gómez no se ha limitado a entorpecer la labor municipal aun a costa de perjudicar a los ciudadanos, sino que también se han registrado insultos y amenazas y, hace solo unos días, un episodio de acoso en su propio domicilio que sufrió el hijo de seis años del primer edil.