El presidente del Supremo califica el acoso a políticos de "libertad de expresión"

"El de manifestación es un derecho constitucional" y cada expresión de este derecho puede o no ser legal, "depende de cómo se desarrolle", ha señalado este miércoles en relación con los denominados "escraches" el presidente del CGPJ y del Supremo, Gonzalo Moliner, con ocasión de la VIII Jornada de Puertas Abiertas de este tribunal.

Moliner ha añadido además sobre estos actos de acoso a dirigentes políticos que "no se puede opinar en general, ni condenándolos, ni aceptándolos".

El presidente del Supremo ha hecho estas declaraciones en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre las manifestaciones convocadas frente a las viviendas de políticos y otras personalidades públicas vividas en las últimas semanas.

"El de manifestación es un derecho constitucional, pero si su expresión no se realiza de acuerdo a la ley puede constituir una falta administrativa o penal, depende, no se puede decir porque está en función de las circunstancias de cada manifestación. En principio, si no es violenta, es una manifestación de la libertad de expresión... pero depende de cómo se desarrolle", ha concluido.

Gonzalo Moliner ha inaugurado esta mañana la VIII Semana de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo, las primeras que se celebran bajo su presidencia, ocasión que ha aprovechado para mantener un encuentro a primera hora de la mañana con los visitantes que se han acercado a la sede, que en concreto han sido unos veinte alumnos del colegio Santa María de la Hispanidad.

La situación del CGPJ

En su breve encuentro con los periodistas, mantenido inmediatamente después de su conversación con los jóvenes, Moliner se ha referido también a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que preside junto al Supremo, tiene prevista para este mes de mayo la elección de magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde, "una de las cosas más importantes que tenemos que hacer", en sus propias palabras.

En cuanto a la reforma del CGPJ promovida por el Ejecutivo, que prevé entre otras cosas que una gran parte de los vocales de este órgano no tenga dedicación exclusiva, Moliner ha explicado que "eso es llamativo, pero no es imposible, ni ilegal".

Moliner considera que si un vocal del CGPJ va a seguir ejerciendo su profesión de juez o jurista debe "atenerse a las consecuencias de estar en un órgano administrativo y político y ser consciente de que en relación con su profesión, ello puede presentar connotaciones".

"El ministro puso mi caso como ejemplo, soy miembro presidente CGPJ y juez y no pasa nada, viene siendo así desde que se creó el órgano de gobierno de los jueces y no ha habido, ni creo que haya, problemas de constitucionalidad al respecto", ha añadido.