El PP sólo habla en privado del "cierre en falso" del Faisán

El Gobierno no entra a valorar la última decisión de la Fiscalía en el caso del chivatazo. "Ni ahora ni nunca", afirman, en relación a la Justicia. Una consigna que se repite oficialmente en el Partido Popular, a pesar de que fue arma de batalla en la oposición exigir responsabilidades políticas a Alfredo Pérez Rubalcaba por el escándalo. Es "la equis del Faisán" e Interior, departamento del que era ministro, "el kilómetro cero", se aseguraba.

La percepción en la cúpula nacional sigue intacta, pero no se dice públicamente. "Tenemos que ser muy escrupulosos con las decisiones judiciales", se justifican. Pero, en privado, aseguran que el caso se cerraría en falso si la línea de investigación se quedara en los mandos policiales Enrique Pamiés y José María Ballesteros. "Sería curioso, triste, que al final vayan a pagar el pato los funcionarios", en voz de un alto cargo popular.

En opinión del PP, es "disparatado" que saliera de ellos dar el soplo a ETA. "En un caso de estas características, necesariamente la orden viene de un responsable político", inciden, y coinciden, varias fuentes consultadas. Los hechos ocurrieron en 2006, en plena negociación del Ejecutivo socialista con los terroristas.

Desde Génova, en todo caso, no prevén nuevos movimientos a corto plazo. "Vamos a esperar cuál es el siguiente paso de la Fiscalía", recalcan. El PP es parte en el procedimiento. "Seguiremos personados hasta que se conozca toda la verdad", se comprometió recientemente María Dolores de Cospedal. "Debemos saber qué es lo que ocurrió" en el bar de Irún, insistió la número dos de los populares.

Si hubo orden y hubo soplo, explican las fuentes consultadas, "se tendrán que dirimir responsabilidades". De hecho, se llega a deslizar "malestar" en el cuerpo policial porque "se vayan de rositas los políticos y pringuen los agentes". Para el PP, es una constatación que se cerraría "en falso" el caso si el círculo se completara con Pamiés y Ballesteros. Pero rehúsan hacer este diagnóstico en público, aseveran, para que el PSOE no les pueda acusar de un intento de presionar a la Fiscalía.