El viernes pasado, después de terminar el papeleo que deja el Consejo de Ministros, la vicepresidenta se marchó lo más rápido posible a su domicilio para pasar un rato con los suyos, a los que por sus responsabilidades públicas poco tiempo tiene para dedicarles. Iba a ser una tarde junto a su marido y su hijo Iván, que no llega a los dos años. Pero un grupo acosadores, amparados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, habían localizado su casa, y no dudaron en cercarla y, ya de paso, proferir todo tipo de insultos contra ella.
Una semana después, Soraya Sáenz de Santamaría quiso subrayar los límites que marcan el Estado de Derecho: "Aquí o en el Congreso es donde se me pueden o deben hacer preguntas e incluso manifestar malestares. Pero mi casa es otro terreno, mi vida personal y sobre todo mi familia", destacó al término del Consejo de Ministros. De hecho, quienes la conocen saben que nunca rehuye un debate o se escapa de los periodistas. Permanentemente está dando la cara.
A su lado, el ministro del Interior entró en harina partiendo justificando la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid de imponer multas a los alborotadores. Según recalcó, se aplicó la ley que organiza el derecho de reunión y la de seguridad ciudadana. "En la primera se tipifica como obligatorio que toda concentración de personas deberá ser comunicada previamente y es falta muy grave incumplir esto", incidió Jorge Fernández Díaz.
En este sentido, el Gobierno destaca que el proceder de Cristina Cifuentes puede darse en cualquier parte del territorio nacional, así como en cada caso de acoso que se produzca. De hecho, fuentes del gabinete recalcaron que ya se analizan sucesos acaecidos por si se tuvieran que tomar medidas. Unos acontecimientos, resumió el ministro, "radicalmente antidemocráticos" y un "atentado contra el derecho de inviolabilidad del individuo".