Wert, a la Generalidad: "Las resoluciones judiciales hay que acatarlas"

El ministro de Educación se ha dirigido expresamente a la Generalidad, y en concreto a la consejera Irene Rigau, que este miércoles avisó que no acatarán las resoluciones emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenaba instaurar el castellano en diez colegios catalanes. 

"La Constitución dice claramente que las sentencias y las demás resoluciones judiciales hay que cumplirlas", ha recordado José Ignacio Wert. "No es algo que voluntariamente se pueda hacer o dejar de hacer". Además, ha añadido el ministro, "la Constitución dice en su artículo 117.3 que son los juzgados y los tribunales los que tienen que hacer cumplir las sentencias". Por lo tanto, ha concluido que se trata de "algo en lo que ni el gobierno de la Generalidad ni el gobierno de España entran".

No obstante, el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, manifestó ayer en declaraciones a este periódico, que la actitud de la consejera Rigau deriva de que "la Fiscalía le consiente este tipo de cosas". Y anunció que si, finalmente, no ejecuta estas resoluciones judiciales la denunciará ante el fiscal general del Estado.

Por último, Wert ha insistido en que "esta cuestión hay que aclararla normativamente" y que "eso es lo que se intenta hacer" con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Así, concluye que en un artículo de la misma "se trata de aplicar lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado para que el castellano y el catalán se aplique en ese sentido en la educación en Cataluña".

Esta misma semana, las entidades a favor del bilingüismo, en aquellas comunidades autónomas donde conviven dos lenguas cooficiales, se volvieron a reunir con el equipo del ministro para analizar la distinta jurisprudencia que a este respecto existe e intentar mejorar la propuesta del Ministerio contemplada en el borrador la LOMCE.

El PPC recurrirá a la Fiscalía 

Por su parte, la líder del PPC ha anunciado que su partido estudiará todas las medidas necesarias para que el gobierno de Artur Mas ejecute las resoluciones del tribunal, incluso "solicitando la actuación de la Fiscalía para que el Govern deje de ser insumiso a la justicia".

Asimismo, Alicia Sánchez Camacho ha acusado a Rigau de causar "alarmismo con la tergiversación del auto para incumplir una vez más las sentencias y mantener así la insumisión al Tribunal Supremo y al Constitucional".