El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, confirmó este miércoles que los policías crearán cordones de seguridad en torno a los domicilios de los políticos cuando se establezcan campañas de acoso contra ellos por parte del movimiento antidesahucios, tal y como habían avanzado a primera hora de la mañana el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, y el director de la Policía, Ignacio Cosidó.
Según dijo, se trata de encontrar un "punto de equilibrio, siempre dentro del marco de la ley", entre aquellos que quieren protestar y aquellos que son blancos de esas protestas. "Los vecinos no tienen que padecer los problemas que generan las protestas y las personas no tiene que ser hostigadas ni coaccionadas", dijo justificando la instalación de ese espacio de seguridad.
Fernández Díaz dijo que la distancia de seguridad no será fija, sino que variará en función de las condiciones de las calles donde se esté realizando en ese momento la movilización de acoso, y que será el responsable operativo el que decidirá su mayor o menos delimitación.
Durante el día de hoy, precisamente, la Secretaría de Estado de Seguridad ha remitido una nota a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las que se dan instrucciones específicas de cómo deben proceder los agentes del Cuerpo Nacional de Policía ante estas movilizaciones de acoso a los responsables política.
En la misma, a la que tuvo acceso Libertad Digital, se especifica que cuando las movilizaciones de acoso no sean "comunicadas en los términos que exige la Ley Orgánica 9/1983", reguladora del derecho de reunión, los agentes deberán "actuar con arreglo a la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana, identificando a los concentrados y proponiendo las sanciones que legalmente correspondan".
Asimismo, continúan diciendo que "en caso de que los concentrados actúen de forma violenta profieran amenazas, coacciones u otros actos delictivos, se procederá a la identificación y, en su caso, detención, dando traslado a la autoridad judicial competente".
Por último, el documento añade que cuando estos actos de acoso sean junto al domicilio de un cargo público "se adoptarán las medidas precias para salvaguardar, asegurando una distancia prudencial, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad personal y familiar de los afectados, sus familias y el resto de los residentes en el inmueble, así como la libertad de circulación de los ciudadanos, actuando con arreglo al principio de proporcionalidad para garantizar que no se impide el tráfico rodado ni la libre entrada y salida de los inmuebles, así como el tránsito normal de peatones".