La infanta Cristina fue "cooperadora necesaria" en los delitos de Nóos
El juez imputa a la infanta los mismos seis delitos que le atribuye a Urdangarín. Zarzuela dice que no hablará sobre decisiones judiciales.
El juez José Castro, titular del juzgado de Instrucción Número 3 de Palma de Mallorca, ha imputado este miércoles a la infanta Cristina de Borbón en el caso Nóos al entender que fue "cooperadora necesaria" de los delitos presuntamente cometidos por su marido Iñaki Urdangarín en el marco de ese procedimiento judicial.
El magistrado, que ha meditado esta trascendental decisión durante varios meses, ha acordado finalmente citar a la infanta el próximo 27 de abril a las 10 de la mañana al apreciar que existen un "conjunto" de indicios que llevan a pensar que la hija del Rey don Juan Carlos estaba al corriente de las actividades fraudulentas cometidas supuestamente por su marido.
Sin embargo, la decisión de imputar a la infanta Cristina se ha tomado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que sigue sin haber indicios suficientes contra ella y que ya ha anunciado que recurrirá la decisión del juez Castro ante la Audiencia de Palma.
Los correos de Torres, pieza clave
En un auto de 18 folios, el instructor explica que a partir de la declaración de Diego Torres –exsocio de Urdangarín- y de los numerosos correos electrónicos que éste aportó al sumario, así como después de escuchar la versión dada por el secretario de las infanta, Carlos García Revenga, "surgen una serie de indicios que hacen dudar que doña Cristina Federica de Borbón y Grecia desconociera la aplicación que su esposo diera a su mención como vocal de la Junta Directiva del Instituto Nóos".
En este sentido, el magistrado afirma que la infanta prestó su consentimiento a que se usara su nombre en el instituto Nóos y que "incluso" llegó a ser copartícipe de la entidad mercantil Aizoon, una de las sociedades pantalla a través de la que Iñaki Urdangarín desvió presuntamente dinero público y donde el matrimonió cargó gastos personales como, por ejemplo, el pago de sus asistentes del hogar.
En la resolución, Castro subraya que el nombramiento de la infanta como vocal de la Junta Directiva de Nóos "obedeció" a un "previo y común diseño" de Urdangarín y su exsocio Torres. Asimismo, el juez recuerda que según refleja una carta enviada por el propio Duque de Palma a varios destinatarios –e incorporada al sumario- este proyecto contaba con el "apoyo y conocimiento" de la hija del Rey.
Por esta razón, el magistrado cree que tanto la función desempeñada por la infanta como por su secretario personal, Carlos García Revenga, era la de una "utilitarista figuración" a través de la cual empresas públicas y privadas formalizaban contratos con Nóos al conocer que esta fundación sin ánimo de lucro contaba con el respaldo de la Casa Real.
Sobre las recomendaciones que el monarca hizo llegar a su yerno –instándole a abandonar sus negocios en Nóos- el juez indica "que no se acaba de entender que S.M. El Rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido".
La Justicia, "igual para todos"
El juez Castro explica así que procede a citar a la infanta porque conviene despejar cualquier duda que haya sobre el papel desempeñado por la hija del Rey ya que un cierre en falso de la instrucción supondría un descrédito "de la máxima de que la justicia es igual para todos".
El duque de Palma está imputado desde diciembre de 2011 y ha prestado declaración en dos ocasiones, en febrero de 2012 y febrero de 2013. Actualmente, a Iñaki Urdangarín se le atribuye un total de seis delitos: falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública. El juez Castro considera que para cometer todos ellos su mujer fue cooperadora necesaria o cómplice; una figura jurídica que recoge el artículo 28 del Código Penal.
Con la imputación de Cristina de Borbón la instrucción del caso Nóos entra en su recta final. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital señala que la intención del magistrado es abrir juicio oral antes de verano.
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