El PP, que ya ha pedido que la juez Alaya se haga cargo de este nuevo y presunto "fondo de reptiles", sospecha que detrás de las ayudas millonarias para cursos de formación hay otra maquinaria clientelar, parecida al fondo de los ERE irregulares, montada para beneficiar a cargos y allegados a la Junta de Andalucía y al PSOE-A.
Tras las declaraciones del presidente andaluz, Juan Ignacio Zoido, y el secretario general, José Luis Sanz, el martes fue la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana Corredera la que justificó su denuncia en veinte casos comprobados en la última década, que sumarían más de 70 millones, en los que las ayudas para la formación de la Junta se otorgaron a personas ligadas al partido. Pidió además, de nuevo, una auditoría de la Consejería de Trabajo de la Junta cuyos escándalos son incesantes.
La vicesecretaria de Organización del PP andaluz, Ana Corredera, pidió explicaciones al PSOE-A sobre la gestión de los fondos públicos de la Consejería de Empleo con los que, a su juicio, se podría "estar alimentando una red clientelar de trato de favor en el entorno del PSOE". Concretamente, Corredera hizo referencia a los fondos de formación, a los que el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión por el caso ERE, apuntó en su última declaración judicial. "Parece que la formación en Andalucía se ha convertido en un 'chiringuito' a la medida de excargos públicos socialistas, de personas vinculadas al PSOE, y de familiares y amigos del PSOE, que reciben millonarias subvenciones de fondo públicos".
Por ello, recordó el caso de la empresa de la esposa del exnúmero dos del PSOE-A, Rafael Velasco, que recibió más 700.000 euros en subvenciones poco después de su creación. El caso provocó la dimisión de Velasco.
Entre los escándalos de empresas que recibieron importantes subvenciones y cuyos propietarios pertenecen al entorno del PSOE aparecen exconcejales en Écija que recibieron más de 600.000 euros; el de la peluquería del marido de la exalcaldesa de Martos (Jaén), que ha recibido hasta 550.000 euros; o el exalcalde socialista de San Fernando (Cádiz), socio de un empresa con la hija de una senadora socialista que recibió más de 800.000 euros.
Particularmente llamativo, por su condición de exdelegado provincial de empleo, es el del cordobés Antonio Fernández, fundador de una autoescuela que recibió 843.000 euros; así como el del exconsejero de Economía Ángel Ojeda, quien a través de la Agrupación de Empresas Aeronáuticas recibió 34 millones para formación de los extrabajadores de Delphi.
Ana Corredera denunció el "oscurantismo" y la "arbitrariedad" en el reparto de estos fondos, que han supuesto más de 4.000 millones en los últimos diez años. Recordó que el PP ya pidió la puesta en marcha de una auditoría en el seno de la Consejería de Empleo que fue rechazada por el bipartito de izquierdas que gobierna Andalucía, y que el Grupo Popular volverá a llevar esta petición al Parlamento junto con una petición de comparecencia del Consejo de Gobierno para explicar, lo que, a su juicio, podría ser "otro fondo de reptiles utilizado de forma arbitraria por el gobierno andaluz".
La dirigente popular señaló en rueda de prensa que al parecer los fondos para formación en Andalucía en los últimos años se han convertido "en un chiringuito a la medida de excargos públicos socialistas, de personas vinculadas al PSOE y de familiares y amigos", que han recibido "millonarias" subvenciones. Así, preguntó si con un fondo de 4.022 millones de dinero público entre 2001 y 2010 se ha montado una red "de trato de favor" debido a la "falta de transparencia, el oscurantismo y la arbitrariedad" en la gestión de esas ayudas.
El PP-A insistió en la necesidad de realizar una auditoría en la Consejería de Empleo, que ahora "es más necesaria que nunca", para que los andaluces "sepan lo que ha estado pasando con los fondos públicos", razón por la que también pedirán la comparecencia en pleno del Parlamento del Consejo de Gobierno.