Toxo avaló la asociación de UGT y CCOO para cobrar las ayudas de los ERE

El entonces secretario general de la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras y hoy secretario general, José Ignacio Fernández Toxo, avaló en 2003 ante un notario la creación de la "Asociación Faja Pirítica de Huelva", en cuya junta directiva figuraban como presidente Manuel Pastrana -líder de UGT en Andalucía- y su homólogo en CCOO-A, Francisco Carbonero, en calidad de vicepresidente.

La Asociación trataba de cobrar más de 138 millones de euros en ayudas proporcionadas por la Junta y el Ministerio de Trabajo que tenían como finalidad prejubilar a 687 trabajadores afectados por el cierre de numerosas empresas de la Faja Pirítica. CCOO y UGT dicen que no cobraron nada por estar en esa Asociación, pero es conocido que habitualmente cobran una cantidad aún indeterminada en cada ERE en que participan y así se ha demostrado en la instrucción del caso. que dirige Mercedes Alaya.

Según la documentación aportada por ABC, la comisión ejecutiva de la federación se reunió el 2 de junio de 2003 para acordar por unanimidad participar en la constitución de la asociación amparándose en el protocolo de colaboración entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y las Organizaciones Sindicales, UGT Andalucía y CCOO de Andalucía suscrito el 29 de abril de 2003.

La "voluntad" de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. era "participar en la promoción y constitución de una asociación destinada a la gestión de las medidas sociolaborales derivadas por el cierre de la minería metálica de la provincia de Huelva". Queda saber qué clase de gestiones se hicieron, qué personal se empleó en ello y de dónde salió el dinero para pagarlas.

CCOO y UGT designaron a dos representantes en la entidad de prejubilados, Rafael Varea, secretario de la Minería y Daniel Soto, por UGT, que acordaron con el ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero nombrar al dueño de Uniter, José González Mata -imputado en el caso- como mediador en la operación.

La sede de la asociación se estableció en el mismo domicilio social del bufete sevillano de abogados que se encargó de tramitar las pólizas de prejubilación, Estudios Jurídicos Villasís, que hoy sufre la imputación de algunos de sus miembros en el caso de los ERE. Ese despacho fue el que contrató a Juan Lanzas como conseguidor por ser "amigo de la Administración" autonómica.

Recuérdese que los ERE de las empresas de la Faja Pirítica que afectaron a 796 trabajadores 44 no habían pisado nunca una mina. CCOO y UGT no explican cómo es que, siendo gestores de las ayudas, no conocieron la incrustación de intrusos en los ERE.

Dicen que no cobraron nada

Según los comunicados emitidos por ambas organizaciones, ninguna de ella recibió "ningún tipo pago de esta asociación" para uso propio, de sus miembros o fundadores. Según ellas, el principal objeto de esta asociación era canalizar las ayudas que las Administraciones autonómica -102,23 millones- y central -36 millones- otorgaron a los trabajadores de la Faja Pirítica mediante "un procedimiento consistente en recibir dichas ayudas nominales y abonarlas automáticamente a los trabajadores". No explican por qué, de ser así, hubo que constituir la Asociación como intermediaria entre Administración y Trabajadores y permitir el abono automático de las ayudas directamente desde la Administración.

Tampoco han explicado por qué Pastrana y Carbonero, presidente y vicepresidente, de la Asociación tenían entre sus funciones como miembros de la junta directiva, cobrar las ayudas y designar a "gestores profesionales" para "administrar" las pólizas.

Han negado además haber tenido algo que ver con la intrusión de 44 personas en estos ERE o haber elegido a los intermediarios, tarea que endosan a otros miembros estatales de los sindicatos a los que otorgaron poderes para llevar la gestión del colectivo.