La causa abierta en un juzgado de Madrid contra Francisco Javier Velázquez, el que fuera director general de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante la última etapa del Gobierno Zapatero, por un presunto delito contra los derechos cívicos y otro de prevaricación, sigue adelante, lo que podría complicar seriamente el futuro jurídico de quien fuera hombre de confianza de los ministros Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho.
La jueza del juzgado de instrucción número 39 de Madrid ha hecho pública una diligencia, a la que tuvo acceso Libertad Digital, en la que cita a declarar a finales de este mes como testigo en la causa al general de División de la Guardia Civil Rogelio Martínez Masegosa, actual presidente de la Asociación Pro-Huérfanos del Instituto Armado, y que fue nombrado para el cargo en 2010, cuando Velázquez era máximo responsable del Instituto Armado.
La razón de su imputación es su supuesta negativa a permitir la presencia de representantes de las asociaciones profesionales de guardias civiles en el Órgano de Gobierno de la Asociación Pro-huérfanos. Una representación a la que tendrían derecho, según los estatutos de la propia asociación, como vocales por designación hasta tres de los representantes que estas asociaciones tienen en el Consejo de Personal de la Benemérita.
La denuncia fue presentada en los juzgados por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), y a la misma se unió posteriormente la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
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