CCOO y UGT, al mando de una asociación para el cobro de los ERE

Creada el 30 de junio de 2003, registrada en noviembre y con sede en la Avenida de la Constitución 27, 1º A de Sevilla, agrupó inicialmente a 687 prejubilados afectados por el cierre masivo de empresas en la cuenca minera onubense. Ambos dirigentes sindicales, además de cobrar "ante todos los organismos públicos y privados, y del orden que fueran, todas las cantidades debidas por ellos a los asociados", nombraban a "gestores profesionales" para administrar las pólizas, mecanismo que condujo a las sobrecomisiones conocidas e instruidas por el Juzgado de Mercedes Alaya.

ABC informa de que la Guardia Civil y la magistrada consideran que los sindicatos decidían al mediador o "broker" que debía gestionar los expedientes de empleo y la compañía de seguros que se contrataba. Ahora, según el acta fundacional de la Asociación Faja Pirítica de Huelva, se sabe que Pastrana y Carbonero, junto con otros, podía decidir los gestores de laas pólizas de las prejubilaciones.

Precisamente en la Faja Pirítica de Huelva, hubo 796 prejubilaciones y se contabilizaron hasta 44 intrusos beneficiados de pólizas a pesar de que no bajaron nunca a mina alguna. La Faja Pirítica de Huelva y Sevilla englobaba EREs de las Minas de Riotinto, Nueva Tharsis, Bolsa de Tharsis, Insersa, Filón Sur, Almagrera y Navan Resources.

Estudio Jurídico Villasís

En todos estos ERE también intervino el bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, fundado por el abogado Carlos Leal, que declarará hoy mismo como imputado Pero más sorprendente aún es que la Asociación Faja Pirítica de Huelva y Estudios Jurídicos Villasís tienen la misma dirección.

En el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía, aparece lo siguiente:

FAJA PIRITICA DE HUELVA

Fecha de registro

18/11/2003

Dirección:

Avda de la Constitución, nº 27, 1º A

Localidad:

Sevilla (SEVILLA)

Número de registro:

09877 

Esa es precisamente la dirección de Estudio Jurídico Villasís, como puede comprobarse fácilmente en Internet. 

© 2012 VILLASIS - Estudio Juridico

Avda. de la Constitución, 27, 1ºA 41004 Sevilla (Spain)

Tlf: (34)954 56 46 00 Fax: (34)954 21 33 77

SEVILLA - TANGER

Los ERE de la Faja Pirítica importaron 138,23 millones de euros de los que la Junta aportó 102,23, y el Ministerio de Trabajo, los 36 millones restantes. De acuerdo con los abultados márgenes de ganancia contrastados en el procedimiento, de entre el 3 y el 21 por ciento, las ganancias de los intermediarios podrían haber superado, como mínimo, los cuatro millones de euros.

El precursor de la denuncia: Antonio Sanz

En febrero de 2012, el entonces secretario general del PP-A, Antonio Sanz, denunció la existencia de dos pagos directos de más de 860.000 euros por parte de la Junta a Uniter, -una de las empresas intermediarias en las pólizas de prejubilaciones-, ordenados por el entonces director general de Trabajo de la Junta, Daniel Rivera, imputado por su presunta implicación con el caso de los ERE irregulares. Sanz explicó que éstos eran los primeros pagos directos que se conocían a una empresa intermediaria por parte de la Junta de Andalucía, ya que, hasta el momento eran las aseguradoras quienes pagaban a las dos entidades intermediarias que han participado en todos los procesos de prejubilaciones y ayudas a empresas, Uniter y Vitalia.

Según un informe elaborado por la Unidad Central Opertativa de la Guardia Civil, en la Consejería de Empleo existían ya documentos acreditativos de que la Junta de Andalucía habría realizado pagos directos a Uniter con fondos procedentes de dos ayudas sociolaborales para expedientes de regulación de empleo, concretamente a Santana y a la Faja Pirítica de Huelva. Según la documentación aportada por el PP-A, la Asociación de Promoción Social 28 de febrero (Santana) recibió una ayuda de 603.291 euros, de la que en 2010 se abonaron 452.468,25 en la cuenta de Uniter, pago ordenado por Rivera, como también lo fue otro de 408.304,89 euros a esta misma empresa intermediaria, proveniente de una ayuda sociolaboral a la Asociación de Faja Pirítica de Huelva, dirigida por Carbonero y Pastrana, por importe de 544.406,52 euros.

Sanz, que quiso dejar claro que estos dos pagos no son en concepto de comisiones por las citadas ayudas, consideró que esta información debería conllevar la dimisión "inmediata" del consejero de Empleo, Manuel Recio, y del director general de Trabajo. Y es que, según apuntó, la Junta de Andalucía había ocultado a la Justicia la participación de la dirección general en los pagos directos a los intermediarios, "al no haberle enviado esta documentación".

UGT y PSOE negaron que hubiera intrusos

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, negó en el Parlamento que la Junta pagara a los intermediarios de los ERE ningún tipo de comisión pero el PP demostró en que en la mayoría de los casos estas comisiones superaban la media del mercado, un 2%, para situarse en una media del 15% ó 20%.

El secretario general de la Federación de Industrias de UGT en la provincia de Huelva, Luciano Gómez, prestó declaración la pasada semana ante la Guardia Civil en relación con los polémicos expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Faja Pirítica onubense, que se sucedieron tanto en la zona de Minas de Riotinto como en la parte de Tharsis-La Zarza.

Si bien no ha trascendido el contenido de su declaración, Luciano Gómez, que fue candidato del PSOE al Congreso de los Diputados en las pasadas elecciones generales, defendió en su día la legalidad de los expedientes tramitados en la Faja Pirítica.

En noviembre de 2001 y cuando el caso de los ERE se encontraba en su apogeo, Gómez, acompañado del actual vicesecretario del PSOE-A, Mario Jiménez, negó que se hubieran incluido 44 intrusos en un expediente de regulación de empleo de la comarca minera, y señaló que sólo se habían detectado "ocho errores de tramitación administrativa por parte de los funcionarios".

Pero en marzo del pasado año, Luciano Gómez tuvo que dar explicaciones sobre la prejubilación con cargo a un ERE financiado por la partida conocida "fondo de reptiles", del alcalde de la pedanía onubense de La Zarza, Juan Manuel Serrano, cuando sólo tenía 44 años. El expediente de regulación afectaba a la Faja Pirítica de Huelva y el tomador de la póliza era la Federación Estatal de Industrias y Afines de UGT.

Posteriormente trascendió que el Parlamento de Andalucía, en el año 2003, durante la tramitación de un ERE para el colectivo de trabajadores de la denominada Bolsa de Tharsis, dio una "orden directa" para incluir 20 intrusos. La revelación la hizo, ante la comisión de investigación parlamentaria, el representante de la mediadora de seguros Uniter, José González Matas. Los citados trabajadores procedían de las empresas Citrasa y Sol Lepe.

CCOO insiste en que no tiene nada que ver

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero y el secretario de Organización y Comunicación confederal, Fernando Lezcano, han reiterado que el sindicato no tiene absolutamente nada que ver con ninguna trama corrupta y han denunciado el daño que se le está haciendo a CCOO con la aparición de informaciones inconcretas y ambiguas como la de su "presunta implicación en los ERE fraudulentos de Andalucía". "CCOO no es el conseguidor de ningún ERE y si alguien ha cometido alguna irregularidad, ni en la Ejecutiva de la Confederación ni en Andalucía hay constancia y además nunca ha entrado un céntimo en nuestras cuentas de forma irregular". Tanto Carbonero como Lezcano han dejado clara la disposición de CCOO a colaborar con la justicia y han aseverado que el sindicato será "implacable hacia dentro y hacia fuera en este tema".

La Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO y la dirección de CCOO de Andalucía denuncian "el manto de sospecha por el que se pretende implicar al movimiento sindical, también a CCOO, en la trama de los ERE de Andalucía, por actuaciones irregulares de responsables del anterior gobierno de la Junta de Andalucía, empresarios y algún exsindicalista". Niegan rotundamente, asimismo, que el sindicato haya recibido ingresos irregulares procedentes de los ERE.

Sin embargo, parece insinuar que el cobro de algunas cantidades en los ERE por parte de los sindicatos es totalmente legal y " cree inadmisible que una actuación legal en defensa de los trabajadores pretenda presentarse como parte de la "trama de los ERE".