El PSOE anuncia que guardará "proporcionalidad" en las dimisiones de los ERE si las hubiera y anuncia que denunciará al PP para defender la dignidad de José Antonio Griñán, señalado en el caso como responsable político, por ahora, por el ex interventor general de la Junta y el propio Partido Popular. Lo ha explicado el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez
La denuncia judicial, y se baraja la calumnia como tipo legal, se interpondrá para "reivindicar el respeto al honor y dignidad de una persona absolutamente honesta, que lleva 30 años como servidor público y que jamás se ha enriquecido en el ejercicio de su tarea", Jiménez añadió que no van a "consentir que personas que no pueden decir lo mismo se atrevan a calumniarlo". Recuérdese que a Griñán, por ahora, sólo se exigen responsabilidades políticas por haber mantenido e incluso "cebado" el fondo de reptiles a pesar de haber sido advertido 17 veces por el Interventor General.
En el PSOE, informa El País, han indicado que "estudian" interponerla contra el presidente del PP, Juan Ignacio Zoido, el secretario general popular, José Luis Sanz, y la diputada popular Teresa Ruiz Sillero, por acusar a Griñán de "ser el cajero de los ERE" y extender las sospechas de financiación ilegal del PSOE.
Ante la obviedad de que alguien ha debido ser responsable del mayor escándalo de la historia de la España democrática, Jiménez aprovechó su intervención ante la agencia EFE para corregir al propio Griñán que el pasado lunes dijo no saber si su partido cometió un error al no incluir entre los responsables a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández. Jiménez dijo que en función de la información de la que se disponía, "no podíamos plantear más de lo que planteamos, es decir, que el ámbito de responsabilidad estaba en la dirección general de Trabajo".
En cuanto a la "proporcionalidad" de la asunción de responsabilidades, Jiménez expuso que en la medida en que el caso de los ERE fraudulentos pudiera afectar a decisiones adoptadas por responsables políticos socialistas, su partido asumirá "proporcionalmente" las responsabilidades que correspondan en el ámbito político. "Cuando se produzca la resolución judicial y se establezcan claramente las responsabilidades judiciales, evidentemente eso tendrá un reflejo en términos de responsabilidades políticas", dijo.
La respuesta de Zoido: el Congreso tiene que saber de los ERE
El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha insistido en la necesidad de que el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, se analice "de una forma u otra" en el Congreso de los Diputados y, por tanto, ve necesaria la comparecencia del presidente del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, en la Cámara Baja.
En una entrevista emitida este Viernes Santo en RNE, recogida por Europa Press, Zoido ha defendido así que deben analizarse en el Congreso las circunstancias que han concurrido en este "gravísimo asunto" en el cual, según ha relatado, "ha habido descontrol de una cantidad de miles de miles de millones, descontrol de una cantidad de procedimientos donde, a lo largo muchos años, se han estado repartiendo una serie de ayudas y se han estado asignando una serie de cantidades a empresas y a personas que no se han sometido a un criterio objetivo".
Según el presidente popular andaluz , en el procedimiento que investiga la juez Mercedes Alaya "ha habido mucho de favoritismo y mucho de designación libre y arbitrariedad, en lugar de seguirse y regirse por unos parámetros de publicidad y de libre concurrencia que permitiera bajar los precios a las aseguradoras, y que todas las empresas hubieran tenido las mismas posibilidad a la hora de acceder a este tipo de ayuda".
Lanzas es un dirigente socialista y dirigente de UGT
Aunque ha dicho desconocer si los sindicatos han participado de una manera directa o indirecta en la trama, no ha dudado Zoido en asegurar que el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, y otros sindicalistas "sí han participado" en el caso de los ERE.
Zoido ha explicado que la primera vez que tuvo conocimiento de Lanzas fue en la investigación de Mercasevilla, "en la que aparece como un 'conseguidor', se movía como pez en agua en Consejería de Empleo, y era el que concedía las ayudas".
Lanzas "es una persona que tiene mucho que decir" en el caso de los ERE. "Es un dirigente socialista y dirigente de UGT, aunque eso no significa que todos los dirigentes vayan a serlo" pero, subraya Zoido, "éste, que era muy conocido, muy especial y con mucho poder dentro de la Consejería, ha hecho lo que ha hecho, y eso tiene un nombre y el nombre se lo está poniendo la juez".
Lanzas, Zarrías y la posible declaración de los Ruiz Mateos como testigos
Al exconsejero Zarrrías se le ha complicado el futuro por las estrechas relaciones que han aparecido entre su persona y las de los Ruiz Mateos y el conseguidor, de Jaén como él mismo, Juan Lanzas.
Sería bien problemático, por ejemplo, si como se baraja en las acusaciones particulares, se llama a declarar en calidad de testigos a varios miembros de la familia Ruiz Mateos que se beneficiaron de cinco ERE en los que participó Juan Lanzas y a los que estuvo políticamente vinculado Gaspar Zarrías.
La juez Mercedes Alaya, que investiga la supuesta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, señala en uno de sus últimos autos las "relaciones" que mediarían entre la conocida familia de empresarios Ruiz Mateos y el exsindicalista Juan Lanzas, a quien atribuye un "exagerado enriquecimiento" de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29 por ciento conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas con la citada partida. Estas sobrecomisiones, según la juez, fueron el "alimento" del que se nutrían todas las partes de la trama.
Recuérdese que el ex abogado de los Ruiz Mateos, Joaquín Ivancos, el holding de Nueva Rumasa hizo uso de los servicios del ex sindicalista de UGT en los ERE de Garvey, Dhul, Zoilo Ruiz Mateos y Hotel Cervantes, con una comisión de 600.000 euros por expediente. Este dinero se pagaba en negro bien a Lanzas bien a una compañera suya, y en todos los casos se hacía directamente desde la empresa "beneficiada", excepto en el del Hotel Cervantes, que se pagó directamente en el domicilio particular del empresario.
El pago de estas comisiones, se dijo entonces, se hacía en sobres cerrados de 20.000 o 25.000 euros según se abonada semanalmente o cada quince días, y debía hacerse, según las instrucciones del ex sindicalista comisionista, en billetes de quinientos euros. El montante total que Juan Lanzas pudo cobrar por la gestión de los ERE de las empresas de Ruiz Mateos asciende a tres millones de euros, siempre según lo declarado por el letrado a la Guardia Civil.
El ex abogado de Ruiz Mateos asegura incluso que él mismo fue testigo de la presencia de Lanzas en Somosaguas, y que la familia Ruiz Mateos tenía a este sindicalista como la persona que podía arreglar todos los problemas que a sus empresas se les presentarán en Andalucía.
La relación de Lanzas con el ex consejero de la Junta, Gaspar Zarrías, ha sido detectada en algunas ocasiones en el caso ERE pero a partir del testimonio del antiguo abogado de Ruiz Mateos, parece más sólida, ya que el letrado llega a asegurar ante la Guardia Civil que la familia Ruiz Mateos le transmitió que quien durante lustros ha sido la mano derecha de Manuel Chaves podía solucionarles los problemas que tenían para hacerse cargo de una empresa cárnica de Jaén.
Casi 28.000 folios de sumario y nuevas pesquisas
La Operación Heracles, que ha dejado 6 encarcelados, 22 imputados y 1.400 nuevos folios de diligencias, se ajusta a una de las cinco líneas de investigación: ayudas sociolaborales; ayudas directas a empresas; estudio de la gestión de las ayudas y los pagos realizados; investigación de las «mediadoras»; y, finalmente, análisis de la forma con la que trabajaban los supuestos implicados y la forma de abortar los presuntos delitos que se estaban cometiendo, según La Razón.
Queda pendiente la más que importante referida al estudio de la gestión de las ayudas y los pagos realizados, donde tendrán que investigarse quiénes, por qué y cómo se decidían los ERE y se cifraban las ayudas y cómo se efectuaban los pagos a las aseguradoras y a las empresas, averiguando si, en el camino, no se perdían parte de las mismas. Es en esta parte donde reside la más alta responsabilidad, que podrá ser meramente política o penal, en función de los datos que se obtengan.