La defensa del ex ministro y actual diputado socialista José Blanco ha solicitado este jueves al magistrado del Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, instructor del caso Campeón, que impugne el escrito del Ministerio Fiscal donde anunciaba su intención de solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder proceder contra él.
En un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, los abogados de Blanco señalan que todos los hechos relatados por la Fiscalía del Alto Tribunal son falsos. La defensa del ex ministro de Fomento sostiene que no existe "ni un solo indicio de que Blanco haya influido ante funcionarios del Ayuntamiento de Sant Boi (Barceona) para alterar el resultado de una licencia a favor de la empresa Azkar, cuyo vicepresidente es su amigo José Antonio Orozco.
"No es cierto que el Sr. Orozco le haya hecho "partícipe" a mi mandante de proyectos empresariales "propios o ajenos", ni es cierto que el Sr. Orozco "se haya prestado a ofrecer" a empresarios amigos la actuación del Sr. Blanco. No hay ni la más mínima apoyatura probatoria de este introito", reza el escrito.
En este sentido, la representación legal del diputado socialista señala que sólo es cierto "Antonio Orozco llamó a José Blanco porque quería reunirse con el alcalde de Sant Boi del Llobregat (Barcelona) y explicarle el proyecto de una nave industrial que estaba construyendo y cuya verdadera naturaleza. Y consta acreditado que lo único que hizo José Blanco fue comentarle el tema a su Secretario de Estado".
Esta parte niega que Blanco hablara o se reuniera con el alcalde de esta localidad. "No hizo nada más; ni habló con el alcalde, ni contactó con él de ninguna forma, ni mucho menos le influyó ni le presionó ni le coaccionó, ni se prevalió de ninguna relación de superioridad ni de amistad ni de ningún otro tipo para que hiciera nada en absoluto. José Blanco no conoce al alcalde Sant Boi ni le ha visto nunca en su vida; advertir aquí un tráfico de influencias es una completa fantasía", enfatiza.
Asimismo, la defensa arremete contra la Policía especializada en delitos económicos y fiscales (UDEF) al subrayar que "en franca desobediencia, practicó las pruebas que el Instructor había prohibido". "Unos informes para cuya elaboración la UDEF accedió ilegítimamente y sin permiso alguno a unas supuestas conversaciones telefónicas grabadas por orden de otro juez", en referencia a la magistrada de Lugo, Estela San José.
El socialista José Blanco se encuentra acusado en la operación Campeón por los delitos de tráfico de influencias o prevaricación.