El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reexamina este miércoles la sentencia dictada contra España por aplicar la doctrina Parot a la miembro de ETA Inés del Río Prada, en una única audiencia en la que los jueces de la Gran Sala escucharán a las partes.
Tras la audiencia de este miércoles, que tiene previsto comenzar a las 08:15 (09.15 hora peninsular) y durar unas tres horas, la Gran Sala iniciará sus deliberaciones, que concluirán cuando se dicte, en los próximos meses, una sentencia que será de carácter inapelable.
El Gobierno español solicitó la revisión del caso después de que el 10 de julio de 2012 la Sala Tercera de este tribunal europeo condenara por unanimidad a España y declarara "irregular" la aplicación de esa doctrina.
La doctrina Parot se basa en un dictamen del Tribunal Supremo de febrero de 2006, por el que "la ejecución de la totalidad de la condena (...) comenzará con las penas más graves" y los beneficios penitenciarios se aplicarán individualmente para cada una de ellas, y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión.
De este modo, una vez cumplida la pena más grave, se debe cumplir la siguiente, y así sucesivamente, hasta el límite legal, lo que alarga la estancia en la cárcel.
La citada sentencia, que incluyó una indemnización de 30.000 euros por daños morales a Del Río, solo hacía referencia a esa presa de ETA, pero meses después una treintena de presos etarras afectados por esta doctrina demandaron a España ante la Corte europea.
El fallo de Estrasburgo consideró en julio que esa doctrina "vacía de contenido las reducciones de pena por trabajo a las personas condenadas bajo el antiguo código penal de 1973", e indicó que el Convenio Europeo de Derechos Humanos "prohíbe que el derecho penal se interprete de forma extensiva en detrimento del acusado".
Del Río (Tafalla, 1958) fue condenada a más de 3.000 años de cárcel, la mayoría de ellos por participar en 1986 en el atentado contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza madrileña de la República Dominicana, en el que fallecieron 14 miembros de la Benemérita.
Un juez español
Un total de 17 jueces forma parte de la Gran Sala que escuchará de nuevo a las partes y revisará el caso a petición de España.
Allí estarán los jueces de Luxemburgo (que ocupa la presidencia del Tribunal), Italia (vicepresidencia), Letonia, Liechtenstein y Mónaco (presidencia de Sala), así como los de Austria, Chipre, Albania, Irlanda, Turquía, Bélgica, Reino Unido, República Checa, Holanda, Moldavia y Bosnia-Herzegovina.
El juez elegido a título de España, Luis López Guerra, será el único de la Sala Tercera que estará también en la Gran Sala, por ser el magistrado del país demandado.
Representarán a España el agente del Gobierno, Francisco Sanz, acompañado de los abogados del Estado Isaac Salama, Jaime Requena y Javier Nistal.
La defensa de la demandante, por su parte, estará compuesta por los abogados Mark Muller, Sudhanshu Swaroop, Michael Ivers, Amaia Izko y Urko Aiartza.
Al final del proceso, cuando la Gran Sala anuncie su decisión, en esta podrá ratificar la sentencia condenatoria que dictó la Sala, o dar la razón a España y dar validez, según el Convenio Europeo de Derechos Humanos, a la doctrina Parot.