Por ello, se le embarga una finca sita en Cádiz y ordena que esa diligencia sea notificada a la cónyuge del ex alto cargo. Barberá fue interrogado por la juez Alaya el pasado mes de julio e imputado de cuatro delitos: malversación de caudales, prevaricación, omisión del deber de denunciar delitos y falsedad.
La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados fraudulentamente por la Junta de Andalucía y las ayudas a empresas, impuso una fianza de responsabilidad civil de 490.324.096,82 euros al exviceconsejero de Empleo de la Junta Agustín Barberá, pero la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza aún más alta, de 624 millones. Barberá se negó a declarar ante la Comisión de Investigación a finales del mes de agosto de 2012 como también hicieron el ex director general Juan Márquez y su sucesor en el cargo, Daniel Alberto Rivera.
En un auto dictado el día 31 de julio de 2012, la juez Alaya impuso además una fianza civil de 173.941.928,06 euros al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, para quien la fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de 205 millones, y de 7.282.653,31 euros a su sucesor en este cargo, Daniel Alberto Rivera, para quien la Fiscalía solicitó el pago de 57 millones de euros. 671,5 millones en total que tienen como finalidad hacer frente a las diferentes responsabilidades económicas a las que hubiera lugar.
En el auto, la juez dijo que "resulta evidente" que las medidas cautelares adoptadas "tienen una decidida finalidad, cual es la devolución en la medida de lo posible de las ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente ilícita han salido del erario de la Junta de Andalucía".
Según el auto, a la hora de establecer las fianzas, "sólo se han tomado en consideración las ayudas sociolaborales y directas que se han concedido en el periodo en que cada uno ejerció su cargo, sin tomar en consideración a los solos efectos de tales medidas los pagos de subvenciones anteriores".
Advirtió de que habría embargos
En el caso de Barberá, la juez precisó que las ayudas que, "con indiciario conocimiento de la total ausencia de procedimiento", fueron concedidas en su periodo como exviceconsejero, ascienden a 367.743.072,62 euros, a lo que suma el tercio legal previsto, fijando por tanto la fianza civil en 490,3 millones.
En el caso de Juan Márquez, el importe de las ayudas concedidas "siendo sabedor de la misma ausencia de procedimiento" asciende a 130.456.446,05 euros, por lo que teniendo en cuenta el tercio legal referido la fianza se fijó en 173,9 millones.
Respecto a Rivera, la juez señaló que las ayudas concedidas suman 5.461.989,98 euros, aunque afirmó desconocer si en los tres primeros meses de 2011 los pagos que se realizaron fueron de ayudas anteriores o de nuevas ayudas". Sumando el tercio previsto, la fianza fue de 7,2 millones.
En el auto, la juez advirtió de que, en caso de que los tres imputados no depositasen la fianza exigida en el plazo previsto, se ordenaría el embargo de bienes para cubrir dichas responsabilidades.
Los tres ex altos cargos comparecieron ante la juez instructora el pasado mes de julio, tras lo que fueron puestos en libertad con cargos.
Además, el juzgado de Alaya ha ordenado el embargo de los bienes de uno de los supuestos intrusos en la trama de los ERE, Andrés Carrasco por importe de 147.523 euros. Y para garantizar el pago de esa fianza que se impuso a éste se le embarga una finca en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra.
Troceamiento de la causa y secreto del sumario
Otros defensores insisten en la urgencia de levantar el secreto del sumario que fue decretado en noviembre de 2012 tras decidirse una nueva línea de investigación de la Guardia Civil y consideran que a oscuras se dificulta la labor de las defensas.
En el caso Betis, EFE aporta la declaración del letrado representa al exvicepresidente del Betis, Angel Martín, que subraya que su cliente "a estas alturas, después de dos años desde que se le tomó declaración como imputado, no sabe en qué hechos ha intervenido" y se pregunta por qué no se ha imputado al resto de la Junta Directiva de aquella época pese a que el propio Lopera "se declaró máximo y único mandatario del Betis".
Y añadió que "en este entorno de ingobernabilidad e incertidumbre, donde ni tan siquiera puede adivinarse cual llegará a ser el final de la investigación, el derecho fundamental de defensa se está viendo seriamente comprometido, pues los defensores no somos capaces siquiera de iniciar líneas de defensa al no tener certeza de qué será lo siguiente que se investigue".