El modo de gobierno impulsado por la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz (IU), ha hecho que el enchufe descarado de su hija pase de la fase de denuncia a la fase de investigación judicial. La Fiscalía ha estimado la denuncia que puso el PSOE por este hecho y quiere que se añada a la causa abierta contra la alcaldesa de Izquierda Unida por la contratación de 70 familiares y simpatizantes de IU, además de adjudicaciones sospechosas de contratos municipales. El partido ni se plantea la dimisión de su alcaldesa.
El PSOE interpuso una denuncia que llevaba fecha de octubre de 2012. Ahora, un auto del pasado día 4 de marzo del juzgado de Instrucción número 5 de Marbella estima conveniente "acumular" esta causa a la ya incoada.
La regidora, contó en su día El Mundo, contrató a su hija en la entidad urbanística de conservación El Hacho, que preside por razón de su cargo. Además, y según la denuncia presentada ayer por el PSOE en la Fiscalía, la hija de Muñoz "no ha realizado hasta ahora trabajo alguno" en el citado ente, pues "nunca se ha presentado en su puesto de trabajo".
La hija de la regidora habría ocupado el puesto de un administrativo que prestaba sus servicios en una oficina propia de la entidad urbanística, y que se prejubiló en 2010. A partir de ese momento, según la denuncia, Muñoz desmanteló la oficina, la trasladó a dependencias municipales del puerto, y contrató a su hija de administrativa.
Sin embargo, la hija no se presentó en su puesto de trabajo, y toda la labor administrativa la realiza la gestoría de uno de los concejales de Izquierda Unida en el municipio, percibiendo los correspondientes honorarios mensuales. Además, la denuncia señalaba que las transferencias realizadas desde el Ayuntamiento a la entidad urbanística de conservación han sido irregulares, con informes contrarios de la interventora y de la tesorera municipal.
Prevaricación y cohecho
Ahora, ABC refiere que la magistrada falla que "se remita copia íntegra de las presentes actuaciones a la Guardia Civil", cuerpo que lleva las pesquisas desde que en 2009 se abriese la investigación matriz. Concretamente hace referencia a la Sección de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial. Los socialistas consideran que la regidora ha incurrido en los delitos de prevaricación y cohecho al supuestamente contratar a su hija en la entidad urbanística El Hacho que ella preside y a la que el Ayuntamiento "inyectó" dinero con reparos de la Intervención municipal. Unas partidas que los denunciantes consideran que iba destinada a pagar el salario de la joven.
El informe de la interventora municipal revela un flujo de transferencias a la entidad urbanística ante el que lanza una voz de alerta. "Por resolución de Alcaldía se vuelve a conceder un anticipo de 14.000,38 euros con cargo a la futura recaudación y otro por importe de 4.852", señala, para precisar que "las cantidades entregadas ascienden a 65.820,75 euros".
79 enchufados y contratos "raros"
Una denuncia del comité de empresa del Ayuntamiento de Manilva revelaba en mayo de 2011 que los 17 miembros de la lista de Izquierda Unida y 57 familiares directos o políticos de estos tenían contratos municipales. Antonia Muñoz, batía el récord de familiares contratados con un total de 13 -primos hermanos sobre todo y familiares directos- y, por si fuera poco, la juez encargada del caso investigaba una serie de facturas por importe de 69.854 euros, pagadas por el Ayuntamiento a dos empresas del esposo de la regidora, en una de las cuales tiene ella misma el 50% de la propiedad.
Luego, vino una nueva causa instruida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona por un delito contra la ordenación del territorio. Esta causa tiene que ver, según El País, con la defensa de los intereses de los compradores de la urbanización Nueva Manilva. En el año 2008, Muñoz otorgó sendas licencias de primera ocupación para dos fases de este complejo urbanístico. Sin embargo, una de las compradoras de las viviendas denunció que el Ayuntamiento no había inscrito en el registro de la propiedad una serie de modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana que debían ser incorporadas en virtud de un convenio urbanístico firmado por el consistorio en 2003. El Ayuntamiento considera que esta inscripción le correspondía al promotor de las casas, la empresa Cefocon. Ahora, se le acumula la causa del enchufe de su hija.