El ministro de Educación, José Ignacio Wert, presidió este martes la Conferencia General de Universidades para debatir el informe realizado por el grupo de expertos. A ella asistieron consejeros y secretarios generales de universidades de las comunidades autónomas y supuso una primera toma de contacto para abordar esta ambiciosa reforma.
Algunos - como la consejera valenciana, María José Catalá, y el director general de Universidades de Baleares, Miguel Deyá - plantearon desde el inicio algunas dudas sobre la constitucionalidad de ciertos aspectos. Entre ellos, aquél que hace referencia a que el 50 por ciento del consejo de universidades sea elegido por el claustro de la universidad; un 25 por ciento por la correspondiente comunidad autónoma – esto es una novedad –, para "garantizar la participación efectiva de la sociedad"; y el 25% restante sea elegido por los anteriores grupos entre personas internas y externas a la universidad.
Pedirán pues un informe a la Abogacía de Estado para clarificar si, entre otras, "la gobernanza podría vulnerar la autonomía universitaria" y por ello ser inconstitucional. También lo creen así dos de los expertos que participaron en la elaboración de este texto, que emitieron voto particular para reseñar su duda: "¿Sería inconstitucional una ley que en la práctica otorgase el gobierno de las universidades públicas a las comunidades autónomas?", se preguntaron. Deyá también subrayó que "lo importante es hacer las cosas bien, no rápido. Si hay que pedir más informes se piden" y añadió: "Hay que ver que no sea inconstitucional", por ello se mostró también favorable a recurrir a la Abogacía del Estado.
Cataluña, satisfecha tras el encuentro
No obstante, la reunión transcurrió sin sobresaltos ni polémica, a diferencia de los anteriores encuentros de Wert con los consejeros para tratar el texto normativo de la LOMCE. Tal es así que el secretario general de Universidades, Antonio Castellá, se mostró optimista tras la reunión.
"El Ministerio no tiene una posición previa al debate y esto nos parece algo positivo", destacó Castellá. Además, el catalán insistió en que la propuesta final no debe ser rígida sino "flexible" para el sistema universitario de cada comunidad autónoma.
Por un modelo "flexible"
De la misma manera se expresó el ministro que, resaltó que la actitud del Ministerio "siempre es la de acercar posturas". Sin embargo, reconoció que "en este ámbito (de política universitaria) es más fácil" ponerse de acuerdo.
Además, Wert admitió que el sistema universitario de Cataluña anticipa algunos de los aspectos que recoge el informe elaborado por los expertos, al igual que Valencia. "Están haciendo cosas importantes que ya aparecen en el informe", afirmó. Es más, Wert apostó por un sistema flexible, lo mismo que pide Cataluña. "No un modelo de talla única". Y es que, según subrayó, "los modelos más flexibles son los que tienen más éxito", no los "imponen corsés normativos". De tal manera, el Ministerio se muestra favorable a que cada comunidad autónoma, bajo unos parámetros comunes, desarrolle las reformas que más convengan a su sistema universitario.
A partir de ahora todos tienen un plazo de dos meses para estudiar el texto antes de reunirse. Se creará un "instrumento tripartito" de diálogo en el que estarán presentes el Ministerio, autonomías y universidades para continuar con el análisis.