A pesar de los informes de la Intervención General de la Junta, el gobierno Griñán siguió utilizando el sistema de "fondos de reptiles". Aunque en 2009 la Agencia IDEA comunicó que había rectificado el sistema irregular de concesión de subvenciones y ayudas, ese mismo año empleó irregularmente 70 millones de euros y otros 54,16 millones en 2010. Los interventores descubrieron el engaño cuando en 2010 realizaban la auditoría de la Agencia IDEA correspondiente a 2009. De estos nuevos datos no tiene conocimiento la juez Alaya, recién incorporada a su puesto tras una larga enfermedad.
Por ello, la Intervención General de la Junta de Andalucía dejó claro en 2010 y 2011 al Gobierno presidido por José Antonio Griñán de que el sistema del fondo de reptiles seguía operativo. Ya no estaban los consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, tampoco el director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, incluso los interventores eran diferentes, pero el dinero se seguía repartiendo sin atenerse al procedimiento legal.
Dado que todo seguía igual, los interventores consideraron, según El Mundo, que era oportuno realizar un informe adicional especial sobre los ERE, al igual que ya ocurrió en 2003. Entonces, el auditor fue Ignacio García, bajo la supervisión del interventor general Manuel Gómez; ahora, el auditor era Francisco Nieto, supervisado por la interventora general Rocío Marcos. Pero las conclusiones fueron las mismas. Según la Intervención General, el procedimiento de concesión de ayudas para prejubilaciones que venía utilizando la Junta de Andalucía desde 2001 era ilegal.
Aun así, en 2010, el primer año completo de Griñán en la Presidencia de la Junta de Andalucía, a la que accedió en abril de 2009, la Junta siguió usando "el fondo de reptiles" con la única mejora de haber publicado en el BOJA la existencia de 54,16 millones de euros para ayudas sociolaborales y haber cambiado el código presupuestario de esas partidas del programa 31.L o fondo de reptiles, pasando del 440 al 476 y 776.
Pero, en realidad, en el segundo año de la presidencia de Griñán, se continuó usando el procedimiento ilegal del "fondo de reptiles". Según los auditores, bajo la apariencia de gestión correcta, "subyace una transferencia de fondos genérica que no supone un procedimiento de concesión de subvenciones excepcionales, con el preceptivo acuerdo del Consejo de Gobierno en caso de superación del importe establecido y respeto, en general, a las normas preceptivas".
Se refería así la Intervención a la decisión de la Consejería de Empleo de destinar 52,4 millones de euros para "ayudas sociolaborales individuales a ex trabajadores" de Delphi Automotive System y su industria auxiliar, y otros 1,7 millones a los de A-Novo Comlink España. Según los interventores, en 2010, siendo consejero de Empleo Manuel Recio, la Junta de Andalucía destinó 52,4 millones para prejubilaciones de Delphi sin ningún tipo de procedimiento reglado, ni siquiera la autorización previa del Consejo de Gobierno, por razón de lo elevado del gasto. Lo mismo ocurría con la ayuda de 1,7 millones a A-Novo.
Los interventores escribieron que la "mejora sustancial" en la tramitación de las ayudas no llegó hasta abril de 2011, con el escándalo de los ERES en la prensa. De estos nuevos informes de intervención, no se tiene constancia en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.